Empresas chilenas con filiales en el exterior deben cumplir la normativa por quinto año consecutivo. La omisión o errores pueden acarrear multas millonarias e incluso penas de cárcel. El plazo final fue el viernes 29 de junio de 2018. Sin embargo, para los contribuyentes que solicitaron prórroga, el plazo vence el último día del mes de setiembre de 2018.
- ¿Cuáles son las sanciones que enfrentaría la empresa?
Las empresas afrontarían multas que fluctúan entre las 10 y 50 Unidades Tributarias Anuales (hasta más de 28 millones de pesos a valores de junio de 2018).
Las multas van desde 50% hasta el 300% del impuesto eludido, e incluso presidio menor en sus grados medio a máximo puede aplicar el Servicio de Impuestos Internos (SII) en casos de declaraciones “maliciosamente falsas” de precios de transferencia.
En el caso de no presentar la declaración o hacerlo fuera del plazo, como también si la efectúan de forma errónea e incluso, cuando la información puede catalogarse como maliciosamente falsa, podría traer sanciones penales.
Esto, porque “un error en las declaraciones significa un pago de impuestos no declarados, ya que, al no poder justificar los precios informados, se estarán contradiciendo las indicaciones del SII.
Los errores más recurrentes tienen que ver con que los márgenes de transacciones difieren respecto de otras operaciones similares a nivel de mercado, de bienes y servicios transnacionales; o bien, son completamente distintos al año anterior.
TPC GROUP, red internacional especializada en Precios de Transferencia, asesora y evalúa el impacto de las operaciones realizadas entre partes vinculadas y las nuevas obligaciones de cumplimiento dirigido a los contribuyentes chilenos que se encuentren sujetos a la normativa, mitigando posibles riesgos ante la Administración Tributaria.
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