Perú

Precios de Transferencia en Perú

Las normas de precios de transferencia empezaron a tener vigencia en el Perú desde el año 2001, con la modificación que la Ley N° 27356, de octubre de 2000, introduce a los numerales 4) y 5) del Artículo 32º de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR).

El Perú incorporó en su normativa fiscal la práctica de los Precios de Transferencia, la cual se basa actualmente en los lineamientos sobre la materia dados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y contempla una metodología para la comprobación de los precios que es mayoritariamente aceptada para su aplicación en el ámbito internacional.

Para el ejercicio 2004 en adelante, según El Decreto Legislativo N° 945 se aplican una serie de cambios y precisiones en la LIR, dentro de ellas, la modificación del numeral 4) de su Artículo 32 º, y sustancialmente, se incorporó el Artículo 32º‐A el cual nos brinda en amplio detalle la aplicación de los Precios de Transferencia y su metodología.

Sin embargo, dado que el Decreto anterior mencionado no precisa la información mínima que debía contener el Estudio Técnico de Precios de Transferencia, mediante una Disposición Final del 31 de diciembre de 2005, se dispuso que las obligaciones formales de presentar la Declaración Jurada Informativa y contar con el Estudio Técnico de Precios de Transferencia, como sustento documentario sólo serían exigibles de acuerdo con las transacciones realizadas a partir del 1 de enero de 2006 en adelante.

El 31 de Diciembre de 2016 fue publicado el Decreto Legislativo N° 1312, el cual modifica el Artículo 32º‐A de la Ley de Impuesto a la Renta, se hace referencia a la presentación del Reporte Local a partir del año 2017, y del Reporte Maestro y Reporte País por País a partir del año 2018. Asimismo, se modifican las reglas respecto al “sexto método”, así como su aplicación y se incluye el test de beneficio como sustento técnico para los servicios de alto y bajo valor recibidos de sus vinculadas.

Asimismo, el 30 de Diciembre de 2016 fue publicado el Decreto Legislativo N° 1311, el cual modifica el numeral 27, del artículo 177 del Código Tributario respecto a las sanciones, especificando una sanción de 0.6% de los ingresos netos, a aquellos contribuyentes que no cumplan con presentar el Reporte Local, Reporte Maestro y Reporte País por País, considerando un mínimo del 10% de UIT y un máximo de 25 UIT.

Reporte Local:

De acuerdo con la modificación del inciso g) del artículo 32º‐A, se sustituye la obligación de presentar la Declaración Jurada Informativa (junto con el Estudio Técnico de Precios de Transferencia) por la presentación de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local, la cual debe incluir las transacciones generadas con sus partes vinculadas o desde, hacia o a través de empresas ubicadas en territorios de baja o nula imposición.

¿Quiénes están obligados a presentar el Reporte Local de Precios de Transferencia?

Están obligados a la presentación de esta Declaración Jurada Informativa Reporte Local:

  • Aquellos contribuyentes que superen las 2300 UIT de ingresos devengados, y su presentación será anual.
  • Asimismo, aquellos contribuyentes cuyo monto de operaciones sea igual o mayor a cien (100) UIT y menor a cuatrocientas (400) UIT solo presentan el Anexo I.
  • Los contribuyentes que superen las cuatrocientas (400) UIT se encuentran en la obligación de presentar los Anexos II, III y IV.

El Reporte Local recopila información esencial de la empresa, considerando la información del grupo económico incluyendo la constitución y actividad económica, el Capital social y las líneas de productos y/o servicios, así como información funcional tales como principales clientes, proveedores y competidores, análisis de funciones, activos y riesgos asumidos.

Luego se presenta la legislación de Precios de Transferencia, en la cual se indica el ámbito de aplicación, normas de relación, normas de comparabilidad y finalmente las metodologías definidas según cada país.

Finalmente, se identifican y describen las transacciones con partes vinculadas y se realiza el análisis por cada tipo de transacción, considerando las diversas metodologías de precios de transferencia y determinando finalmente, si las transacciones cumplen o no con el Principio de Plena Competencia.

La mayoría de los análisis involucran los resultados financieros, obtenidos por la Compañía, motivo por el cual siempre será importante que la Compañía se encuentre con los resultados financieros óptimos. Sin embargo, también se pueden justificar rendimientos decrecientes, siempre que estos sean experimentados a nivel general por el sector económico en el cual se especializó la Compañía o a un hecho extraordinario.

¿Cuándo se consideran partes vinculadas de Impuesto a la Renta?

De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta peruano se consideran partes vinculadas:

  1. Una persona natural o jurídica posee más del treinta por ciento (30%) del capital de otra persona jurídica, directamente o por intermedio de un tercero.
  2. Más del treinta por ciento (30%) del capital de dos (2) o más personas jurídicas, pertenezca a una misma persona natural o jurídica, directamente o por intermedio de un tercero.
  3. En cualquiera de los casos anteriores, cuando la indicada proporción del capital pertenezca a cónyuges entre sí o a personas naturales vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
  4. El capital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca, en más del treinta por ciento (30%), a socios comunes a éstas.
  5. Las personas jurídicas o entidades cuenten con uno o más directores, gerentes, administradores u otros directivos comunes, que tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se adopten.
  6. Dos o más personas naturales o jurídicas consoliden Estados Financieros.
  7. Exista un contrato de colaboración empresarial con contabilidad independiente, en cuyo caso el contrato se considerará vinculado con aquellas partes contratantes que participen, directamente o por intermedio de un tercero, en más del treinta por ciento (30%) en el patrimonio del contrato o cuando alguna de las partes contratantes tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, comerciales u operativos que se adopten para el desarrollo del contrato, caso en el cual la parte contratante que ejerza el poder de decisión se encontrará vinculado con el contrato.
  8. En el caso de un contrato de colaboración empresarial sin contabilidad independiente, la vinculación entre cada una de las partes integrantes del contrato y la contraparte deberá verificarse individualmente, aplicando alguno de los criterios de vinculación establecidos en este artículo. Se entiende por contraparte a la persona natural o jurídica con la que las partes integrantes celebren alguna operación con el fin de alcanzar el objeto del contrato.
  9. Exista un contrato de asociación en participación, en el que alguno de los asociados, directa o indirectamente, participe en más del treinta por ciento (30%) en los resultados o en las utilidades de uno o varios negocios del asociante, en cuyo caso se considerará que existe vinculación entre el asociante y cada uno de sus asociados. También se considerará que existe vinculación cuando alguno de los asociados tenga poder de decisión en los aspectos financieros, comerciales u operativos en uno o varios negocios del asociante.
  10. Una empresa no domiciliada tenga uno o más establecimientos permanentes en el país, en cuyo caso existirá vinculación entre la empresa no domiciliada y cada uno de sus establecimientos permanentes y entre todos ellos entre sí.
  11. Una empresa domiciliada en territorio peruano tenga uno o más establecimientos permanentes en el extranjero, en cuyo caso existirá vinculación entre la empresa domiciliada y cada uno de sus establecimientos permanentes.
  12. Una persona natural o jurídica ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de una o más personas jurídicas o entidades. En tal situación, se considerará que las personas jurídicas o entidades influidas están vinculadas entre sí y con la persona natural o jurídica que ejerce dicha influencia.Se entiende que una persona natural o jurídica ejerce influencia dominante cuando, en la adopción del acuerdo, ejerce o controla la mayoría absoluta de votos para la toma de decisiones en los órganos de administración de la persona jurídica o entidad. En el caso de decisiones relacionadas con los asuntos mencionados en el artículo 126° de la Ley General de Sociedades, existirá influencia dominante de la persona natural o jurídica que, participando en la adopción del acuerdo, por sí misma o con la intervención de votos de terceros, tiene en el acto de votación el mayor número de acciones suscritas con derecho a voto, siempre y cuando cuente con, al menos, el diez por ciento (10%) de las acciones suscritas con derecho a voto. También se otorgará el tratamiento de partes vinculadas cuando una persona, empresa o entidad domiciliada en el país realice, en el ejercicio gravable, anterior, el ochenta por ciento (80%) o más de sus ventas de bienes, prestación de servicios u otro tipo de operaciones, con una persona, empresa o entidad domiciliada en el país o con personas, empresas o entidades vinculadas entre sí, domiciliadas en el país, siempre que tales operaciones, a su vez, representen por lo menos el treinta por ciento (30%) de las compras o adquisiciones de la otra parte en el mismo período. Tratándose de empresas que tengan actividades por períodos mayores a tres ejercicios gravables, tales porcentajes se calcularán teniendo en cuenta el porcentaje promedio de ventas o compras, según sea el caso, realizadas en los tres ejercicios gravables inmediatos anteriores. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación a las operaciones que realicen las empresas que conforman la Actividad Empresarial del Estado, en las cuales la participación del Estado sea mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital. La vinculación, de acuerdo con alguno de los criterios establecidos en este artículo, también operará cuando la transacción sea realizada utilizando personas o entidades interpuestas, domiciliadas o no en el país con el propósito de encubrir una transacción entre partes vinculadas.

¿Cuáles son las reglas de las partes vinculadas?

La vinculación quedará configurada y regirá de acuerdo con las siguientes reglas:

  • En el caso de los numerales 1) al 11) cuando se verifique la causal. Configurada la vinculación, esta regirá desde ese momento hasta el cierre del ejercicio gravable, salvo que la causal de vinculación haya cesado con anterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la vinculación se configurará en dicho período.
  • En el caso del numeral 12), desde la fecha de adopción del acuerdo hasta el cierre del ejercicio gravable siguiente.
  • En el caso al que se refiere el segundo párrafo de este artículo, los porcentajes de ventas, prestación de servicios u otro tipo de operaciones así como los porcentajes de compras o adquisiciones, serán verificados al cierre de cada ejercicio gravable. Configurada la vinculación, está regirá por todo el ejercicio siguiente.  Adicionalmente, para efectos de lo dispuesto en el inciso 1) del segundo párrafo del artículo 36° de la Ley, también se configura la vinculación cuando el enajenante es cónyuge, concubino o pariente del adquirente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Reporte Maestro:

¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte Maestro?

 

Están obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte Maestro, aquellos contribuyentes que sean integrantes de un grupo y que superen las 20,000 UIT de ingresos devengados, y su presentación será anual. Asimismo, hayan realizado transacciones dentro del ámbito de aplicación de las normas de precios de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual o mayor a cuatrocientas (400) UIT.

Debe entenderse por grupo el conjunto de personas, empresas o entidades vinculadas por relaciones de propiedad o control, de forma tal que esté obligado a formular estados financieros consolidados con arreglo a los principios de contabilidad generalmente aceptados o que estaría obligado a ello si las acciones, participaciones u otros documentos representativos del patrimonio de tales personas, empresas o entidades se negociaran en mecanismos centralizados de negociación.

Dicha declaración deberá incluir la estructura organizacional, la descripción del negocio o negocios y las políticas de precios de transferencia en materia de intangibles y financiamiento del grupo y su posición financiera y fiscal, entre otros.

Reporte País por País:

¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte País por País?

 

Están obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte País por País, aquellos contribuyentes que formen parte de un grupo multinacional siempre que los ingresos devengados en el ejercicio gravable anterior al que corresponde la declaración, según los estados financieros consolidados que la matriz del grupo multinacional, sean mayores o iguales a dos mil setecientos millones y (S/ 2 700 000 000).

Se encuentran obligados a presentar el Reporte País por País ante la Sunat:

  1. La matriz del grupo multinacional, domiciliada en el país.
  2. El contribuyente domiciliado en el país que sea integrante del grupo multinacional cuando, no encontrándose la matriz domiciliada en el Perú, se verifique alguna de las siguientes situaciones.
  • Hubiera sido designado por el grupo como matriz representante.
  • Concurran alguna o varias de las condiciones contempladas en los numerales 1 al 3 del inciso del artículo 116° del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

En caso sean varios los contribuyentes integrantes del grupo que tengan la calidad de domiciliados en el país, el responsable de presentar la declaración será el que hubiera sido designado por el grupo.

Dicha declaración deberá incluir elementos claves de los estados financieros, así como la información relacionada con las ganancias, ingresos, impuestos pagados y causados, empleados, capital, ganancias retenidas, activos tangibles y actividades de negocio.

Test de Beneficio:

¿En qué consiste el Test de Beneficio?

El test de beneficio en el Perú consiste en determinar si el servicio prestado por un miembro de un grupo económico, genera beneficio o utilidad para la otra parte vinculada. Sin el test de beneficio no existe un sustento que avale las transacciones realizadas entre compañías vinculadas, por lo tanto, estas no serían válidas para ser deducibles para la determinación del Impuesto a la Renta.


En efecto, según la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) artículo 32º‐A inciso i), la deducción del costo o gasto en el caso de servicios prestados a un contribuyente por sus partes vinculadas, está supeditada al cumplimiento del test de beneficios.

Se entiende que un servicio cumple el test de beneficio cuando proporciona valor económico o comercial para quien lo recibe, mejorando o manteniendo su posición comercial. Es por ello que para pasar el test, se debe responder afirmativamente a la pregunta de si en circunstancias comparables, un tercero independiente hubiera estado dispuesto a pagar a otro por la ejecución de dicho servicio o lo hubiera ejecutado internamente.

La documentación proporcionada debe evidenciar la prestación efectiva del servicio, además de justificar la necesidad de este y que los gastos se encuentren dentro de criterios de distribución razonables, etc. Existen documentos que ayudarán al sustento, entre ellos contratos, cartas comerciales, informes tributarios, etc.

Con el Decreto Legislativo 1369 se implementaron cambios en relación con lo dispuesto sobre el test de beneficio. A partir de enero de 2019 el Test de Beneficio solo es aplicable para los servicios recibidos de partes vinculadas; también advierte que, si se trata de servicios de bajo valor añadido, la deducción se determina sobre la suma de los gastos y costos incurridos por quien prestó el servicio, junto con su margen de ganancia. Este no debe exceder el 5%.

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