Precios de Transferencia en Uruguay, normativa y obligaciones formales exigidos por la Dirección General Impositiva (DGI)

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Desde el 1 de julio del 2007, Uruguay se encuentra bajo el régimen de Precios de Transferencia con la Ley No. 18.803, regulados con la publicación del Decreto Nº 56/009 y Nº 392/009, con sus modificaciones adicionales.

La Dirección General Impositiva emitió la Resolución Nº 2.084/009 (con modificaciones introducidas por las Resoluciones Nº 819/010 y Nº 2.098/009), que definió conceptos y requisitos establecidos para el informe de Precios de Transferencia:

  • Capítulo VII, Título 4 Ley del Impuesto sobre la Renta Corporativa, según la Ley Nº 18.083.
  • Decreto Presidencial Nº 56/009
  • Decreto Presidencial Nº 392/009
  • Resolución DGI Nº 2.084/009
  • Resolución DGI Nº 2.269/009
  • Resolución DGI Nº 818/010
  • Resolución DGI Nº 745/011
  • Decreto Presidencial No. 353/018
  • Resolución DGI Nº 2.084/009
  • Resolución DGI Nº 094/2019

Sujetos obligados

Los contribuyentes afectos a la legislación de Precios de Transferencia obligados a preparar y conservar la documentación comprobatoria de precios de transferencia, son aquellos contribuyentes que:

  • Realicen operaciones con entidades vinculadas constituidas, domiciliadas, radicadas, residentes o ubicadas en el exterior, y que estén comprendidos en el artículo 3 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.
  • Obtengan rentas por servicios personales fuera de relación de dependencia alcanzadas por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, realizando operaciones con partes vinculadas.
  • Efectúen operaciones con entidades constituidas, domiciliadas, radicadas, residentes o ubicadas en países de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, incluidos los exclaves aduaneros radicados en territorio nacional.

Obligaciones formales

Los contribuyentes obligados a presentar el Estudio de Precios de Transferencia lo realizarán de forma anual mediante el Formulario 3001, dicha declaración debe contener el detalle y cuantificación de las operaciones incluidas en el régimen vigente. Esta declaración debe presentarse a la DGI al noveno mes contado desde la fecha de cierre del ejercicio fiscal correspondiente, de acuerdo con el último dígito del número de RUT.

Por otro lado, respecto a los informes País por País (CbC) e informe Maestro, el 30 de octubre de 2018 se publicó un decreto que reglamenta el capítulo IV de la Ley 19.484 (Ley de Transparencia Fiscal), referente a éstos nuevos requerimientos en materia de precios de transferencia.

El decreto es aplicable a aquellos grupos multinacionales  cuyos ingresos consolidados totales al cierre del ejercicio sean iguales o superior a 750 millones de euros o equivalente convertido al tipo de cambio de cierre del ejercicio considerado.

Sanciones por incumplimiento

Para los contribuyentes que no cumplan con la obligación de presentar el Estudio de Precios de Transferencia, se aplicará una escala gradual, de acuerdo a la gravedad de la infracción. La multa máxima es de UYU 6.09 millones.

En caso que la DGI requiera el Estudio de Precios de Transferencia y el contribuyente no lo presente, la DGI puede suspender el certificado que muestra el contribuyente cumplió con sus obligaciones fiscales. La consecuencia inmediata es la prohibición para importar bienes o realizar préstamos bancarios.

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