Nicaragua

Precios de Transferencia en Nicaragua, normativa y obligaciones formales exigidos por la Dirección General de Ingresos (DGI)

Desde el 17 de diciembre del 2012, fueron introducidas las Reglas Generales de Precios de Transferencia a través de la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria (LCT), publicada en la Gaceta N° 241.

La regla general establece la obligación del contribuyente de tener disponible al tiempo de la presentación de la Declaración Anual de Impuesto sobre la Renta, la información, los documentos y el análisis suficiente para valorar sus operaciones con partes relacionadas, de forma individual o como grupo empresarial. Es decir presentar el Estudio de Precios de Transferencia.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 95 de la Ley de Concertación Tributaria, la obligación alcanza a cualquier operación que se realice entre partes relacionadas, entre un residente y un no residente, y entre un residente y aquellos que operen en régimen de zona franca, y tengan efectos en la determinación de la renta imponible del periodo fiscal en que se realiza la operación o en los siguientes.

Sujetos obligados

De acuerdo al artículo 95 de la Ley de Concertación Tributaria, la obligación alcanza a cualquier operación que se realice entre partes relacionadas, entre un residente y un no residente, y entre un residente y aquellos que operen en régimen de zona franca, y tengan efectos en la determinación de la renta imponible del periodo fiscal en que se realiza la operación o en los siguientes.

Obligaciones formales

No existe reglamentación relativa a la Declaración que deba presentar el contribuyente sobre sus operaciones intercompañía.

En cuanto a la documentación, debe presentarse a más tardar el 31 de marzo para los años fiscales que terminan en diciembre; para periodos especiales, tres meses después de que finalice al año fiscal.

Sanciones por incumplimiento

En el caso de los Precios de Transferencia, no existen sanciones específicas; sin embargo, el Código Tributario establece, en su Artículo 137, una multa del 25% del impuesto por contravención tributaria, cuando se compruebe que el contribuyente o responsable retenedor, ha omitido el pago o entero de los tributos que por ley corresponde pagar o trasladar.