Precios de Transferencia en Panamá, normativa y obligaciones formales exigidos por la Dirección General de Ingresos (DGI)

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Desde el ejercicio fiscal 2011, en Panamá la Dirección General de Impuestos (DGI) exige la presentación anual de un informe de las operaciones efectuadas con partes relacionadas (Formulario 930). Esta presentación se basa en Artículo 1 de Ley 33 de 2010, modificada por la Ley 52-2012 (Normas de Adecuación a los Tratados o Convenios para Evitar la Doble Tributación Internacional). Así como el Decreto Ejecutivo No. 390 (derogó el Decreto Ejecutivo No. 958), la Ley Nº 52, la Ley Nº 57.

En el 2018 fue publicada la Ley Nº 69 que incluye disposiciones sobre la aplicación de regulaciones de Precios de Transferencia. Esta ley agrega el art. 762-L al Código Fiscal, estableciendo que, a partir del año fiscal 2019, las reglas de precios de transferencia se aplicarán a cualquier transacción que un individuo o entidad realiza con partes relacionadas que están establecidas en la Zona Libre de Colón y operan: (1) en la Zona Libre de Petróleo según el Decreto de Gabinete 36 de 2003; (2) en el Área Económica Especial de Panamá-Pacífico; (3) bajo el régimen de la sede multinacional; (5) bajo el régimen de Ciudad del Saber; o (6) en cualquier otra zona franca actual o futura o áreas económicas especiales.

Sujetos obligados

La obligación de realizar la presentación de este informe sólo aplica para aquellas empresas que realicen operaciones con partes relacionadas que sean residentes fiscales de otras jurisdicciones (no domiciliados), siempre que dichas operaciones tengan efectos en el cálculo del Impuesto sobre la Renta del periodo fiscal en el que se declare o lleve a cabo la operación.

Dos partes intervinientes se considerarán relacionadas cuando cumplan con uno o más de los siguientes aspectos:

  1. Una de ellas participe de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra.
  2. Una persona o grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas.
  3. Asimismo, se consideran partes relacionadas de un establecimiento permanente, la oficina principal u otros establecimientos permanentes de la misma, así como las personas señaladas en los puntos anteriores y sus establecimientos permanentes.

Por otro lado, el 27 de mayo de 2019 fue promulgado el Decreto Ejecutivo N° 46 de 2019, mediante el cual se establece el marco regulatorio del Reporte País por País (CbC). El Decreto establece que estarán obligadas a presentar el Reporte aquellas empresas que sean residentes para efectos fiscales en Panamá y que además sean la Casa Matriz Última de un grupo multinacional que en un periodo fiscal tenga ingresos consolidados superiores a setecientos cincuenta millones de euros (€750,000,000.00) o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América.

Obligaciones formales

Se ha establecido que la presentación del Formulario 930 (establecido en el art. 762-I del Código) será dentro de los seis meses siguientes a la fecha del cierre fiscal. Dicho formulario se encuentra disponible en el portal web de la DGI. Nuestra labor como consultores es apoyarlos en presentar la declaración jurada a la DGI, este recibirá, procesará y evaluará si acepta o rechaza el formulario; una vez aceptado emitirá el certificado de presentación el cual es la constancia de que se ha cumplido con esta obligación.

El Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente (MCAA) sobre el intercambio de informes de CbC fue firmado por Panamá el 24 de enero de 2019.

Sanciones por incumplimiento

Si el contribuyente no presentara la declaración informativa implicará una multa del 1% sobre el monto total bruto de las operaciones con partes relacionadas, hasta un máximo de USD 1,000,000.

Por otro lado, la legislación panameña no contempla una multa específica por la falta del estudio de precios de transferencia; sin embargo, serán aplicables las multas generales por falta de presentación de documentación que pueden oscilar entre USD 1,000 y USD 5,000 el primer año, y entre USD 5,000 y USD 10,000 en caso de reincidencia.

Los ajustes de ingresos por precios de transferencia impuestos por la DGI pueden resultar en una multa de 10% sobre los impuestos no pagados, más intereses (0.8% intereses mensuales).


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