Costa Rica ha dado un paso significativo en el fortalecimiento de su régimen de Precios de Transferencia mediante la emisión de la Resolución MH-DGT-RES-0026-2025, que establece la obligación de presentar una Declaración Informativa Anual sobre operaciones realizadas con partes vinculadas.
El papel de los precios de transferencia en la fiscalización moderna
Los precios de transferencia constituyen uno de los principales mecanismos utilizados por las administraciones tributarias para verificar que las operaciones realizadas entre empresas vinculadas se efectúen bajo condiciones de mercado. En un entorno económico cada vez más globalizado, donde los grupos multinacionales desarrollan actividades en múltiples jurisdicciones, las autoridades fiscales han incrementado sus esfuerzos para garantizar que los beneficios sean gravados donde efectivamente se generan.
Por ello, la recopilación de información sobre transacciones intragrupo se ha convertido en una herramienta fundamental para la gestión de riesgos fiscales y la protección de las bases imponibles.
¿Quiénes están obligados?
La resolución establece que deberán presentar la declaración:
- Los Grandes Contribuyentes Nacionales.
- Las empresas acogidas al Régimen de Zona Franca.
- Los contribuyentes que realicen operaciones con partes vinculadas por montos iguales o superiores a 1.000 salarios base.
La obligación aplica tanto para operaciones nacionales como internacionales, lo que amplía significativamente el alcance de la supervisión tributaria.
Una tendencia alineada con la región
La implementación de declaraciones informativas de precios de transferencia es una tendencia que se ha consolidado en América Latina durante la última década. Países como Perú, Colombia, México y Chile han fortalecido sus mecanismos de reporte con el objetivo de mejorar la gestión de riesgos tributarios y combatir la erosión de bases imponibles.
La decisión de Costa Rica refleja la creciente importancia de la transparencia fiscal y la necesidad de contar con información estructurada para evaluar las operaciones intragrupo.
Implicancias para las empresas
Las organizaciones sujetas a esta obligación deberán revisar sus políticas de precios de transferencia, validar la consistencia de su documentación de respaldo y asegurar que la información reportada coincida con sus declaraciones tributarias y estados financieros.
La falta de cumplimiento o la presentación incorrecta de la información puede derivar en sanciones administrativas y en un mayor riesgo de fiscalización.
En un contexto de creciente escrutinio tributario, resulta fundamental que las empresas adopten una estrategia preventiva que les permita demostrar que sus operaciones entre vinculadas se encuentran alineadas con el principio de plena competencia.
En TPC Group contamos con un equipo especializado en precios de transferencia que acompaña a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la preparación de documentación técnica y la gestión de riesgos tributarios en Costa Rica y toda Latinoamérica.
Fuentes:
PGRWEB