En el nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Ciro Añez habló sobre la responsabilidad penal para las personas jurídicas en Bolivia, los riesgos de sancionar penalmente a empresas y organizaciones civiles sin fines de lucro y el impacto de estas reformas legales sobre la certidumbre que requieren los actores económicos.
Asimismo, señaló que “la responsabilidad penal para las personas jurídicas es una creación jurisprudencial del sistema anglosajón, diferente a nuestro sistema que es el germánico-romano o continental, donde la responsabilidad penal es sólo para las personas naturales. A raíz de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción se sugiere la responsabilidad penal para las personas jurídicas, aunque adaptando esto a la soberanía de cada país. Soy de la opinión de que es necesario un pensamiento crítico, reflexivo y analítico, y no adoptar medidas simplemente porque son de tendencia mundial”.
Añez dijo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) promueve este tipo de políticas, dando a cambio una certificación que facilita el acceso a créditos internacionales.
Agregó que “así hay varios países que van acogiendo figuras que no son del sistema al que corresponden. En Sudamérica esto se ha incorporado abiertamente sólo en Chile, Argentina, Brasil y Ecuador”, indicó, agregando que entre los problemas de este tipo de normativa está “la obligación de autoincriminarse como atenuante” y que “determinados gobiernos la utilicen como revanchismo político contra grupos empresariales de oposición”.
Asimismo, afirmó que alguno de los elementos de esta normativa ya habían sido introducidos en la Ley No. 004 del año 2010, sin embargo, él considera que “las leyes deben aplicarse acorde a la realidad de cada país y en Bolivia hay una crisis muy complicada de la justicia, con falta de credibilidad e incertidumbre jurídica”.
En las conclusiones, Oscar Ortiz subrayó que “más leyes no garantizan la lucha contra la corrupción si no cambia la cultura y si no se institucionaliza la acción de la justicia”. “Esta reforma legal va a provocar mayor incertidumbre para las actividades económicas. Sin tribunales independientes, con jueces y fiscales sin carrera meritocrática, esto puede instrumentalizar para una mayor corrupción, mediante extorsiones a los agentes económicos”, enfatizó.
Fuente: Publico.bo 17/08/21
