Publican la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal

Publican la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal

Comparte esta noticia

Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Mediante la Ley N° 11/2021, publicada el 10 de julio, la Jefatura de Estado estableció las directrices referentes a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, para ello se definieron las normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, mediante la modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

1. Modificación de la Ley N° 27/2014

Entre los primeros cambios se señala que, la base imponible será la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales que sean propiedad de una entidad residente en territorio español que traslade su residencia fuera de éste.

En el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo con España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos, sobre la asistencia mutua en materia del cobro correspondiente a determinados impuestos, derechos y otras medidas, el contribuyente podrá optar por fraccionar el pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior por quintas partes anuales iguales.

El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración del impuesto correspondiente al período impositivo concluido con ocasión del cambio de residencia, debiéndose efectuar el pago de la primera fracción en el plazo voluntario de declaración correspondiente a dicho período impositivo. En ese sentido, el vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales restantes, junto con los intereses de demora devengados por cada una de ellas, se producirá de forma sucesiva transcurrido un año desde la finalización del plazo voluntario de declaración correspondiente al último período impositivo.

Es importante resaltar que, únicamente será exigible la constitución de garantías cuando se justifique la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado.

En el caso de que dichos indicios racionales sean apreciados por el órgano de recaudación en el plazo de los 6 meses siguientes a la finalización del plazo voluntario de pago de la primera fracción, se pondrá en conocimiento del contribuyente mediante el oportuno requerimiento para que aporte garantías suficientes en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la notificación del mismo.

Teniendo lo expuesto en cuenta, se debe considerar que, el fraccionamiento perderá su vigencia en los siguientes supuestos:

  1. Cuando los elementos patrimoniales afectados sean objeto de transmisión a terceros.
  2. Cuando los elementos patrimoniales afectados se trasladen con posterioridad a un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo segundo de este apartado.
  3. Cuando el contribuyente traslade con posterioridad su residencia fiscal a un tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo segundo de este apartado.
  4. Cuando el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un procedimiento de ejecución colectiva, como concurso, o cualquier procedimiento equivalente.
  5. Cuando el contribuyente no efectúe el ingreso en el plazo previsto en el fraccionamiento.

2. Modificación de la Ley N° 35/2006

Entre los cambios más importantes en la Ley N° 35/2006, de 28 de noviembre, sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. De esa forma, se modifica el artículo 14 de la norma mencionada.

Con el cambio en el inciso H del artículo 14 se definió que, se imputará como rendimiento de capital mobiliario, de cada período impositivo, la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del período impositivo en aquellos contratos de seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión. El importe imputado minorará el rendimiento derivado de la percepción de cantidades en estos contratos.

Cabe resaltar que, no resultará de aplicación esta regla especial de imputación temporal en aquellos contratos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. No se otorga al tomador la facultad de modificar las inversiones afectas a la póliza.
  2. Las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en:
    • Acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, predeterminadas en los contratos, siempre que se trate de instituciones de inversión colectiva adaptadas a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, o amparadas por la Directiva 2009/65/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009.
    • Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la entidad aseguradora, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
      1. La determinación de los activos integrantes de cada uno de los distintos conjuntos de activos separados deberá corresponder, en todo momento, a la entidad aseguradora quien, a estos efectos, gozará de plena libertad para elegir los activos con sujeción, únicamente, a criterios generales predeterminados relativos al perfil de riesgo del conjunto de activos o a otras circunstancias objetivas.
      2. La inversión de las provisiones de cada conjunto de activos deberá efectuarse en activos que cumplan las normas establecidas en el artículo 89 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. En ningún caso podrá tratarse de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios.

3. Modificación en la Ley N° 29/1987

Puntualmente, se modificó el artículo 9 de la normativa, el cual se refiere a la base imponible, la cual, tras la modificación, se definió que constituirá como base imponible del impuesto;

  1. En las transmisiones «mortis causa», el valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente, entendiéndose como tal el valor de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles.
  2. En las donaciones y demás transmisiones lucrativas »inter vivos” equiparables, el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose como tal el valor de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles.
  3. En los seguros sobre la vida, las cantidades percibidas por el beneficiario. Las cantidades percibidas por razón de seguros sobre la vida se liquidarán acumulando su importe al del resto de los bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario cuando el causante sea, a su vez, el contratante del seguro individual o el asegurado en el seguro colectivo.

A efectos de este impuesto, se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado. No obstante, si el valor declarado por los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible. Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas. A efectos de este impuesto, salvo que resulte de aplicación alguna de las reglas contenidas en los siguientes apartados de este artículo o en los artículos siguientes, se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado. No obstante, si el valor declarado por los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible. Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas.

4. Vigencia de la norma

La aplicación de las modificaciones expresadas en la presente nota, en adición al resto que se encuentran señaladas en la normativa se encuentra que la Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante:

  1. Los apartados cuatro y veintiuno del artículo decimotercero y la disposición adicional segunda entrarán en vigor transcurrido el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
  2. Los apartados uno, tres, cuatro, cinco y siete del artículo primero y el artículo segundo tendrán efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2021.
  3. Los apartados cinco y siete del artículo tercero y la disposición adicional primera tendrán efectos desde 1 de enero de 2022.
  4. Los apartados uno, dos, tres, cuatro y seis del artículo tercero tendrán efectos desde la entrada en vigor de esta Ley.

Los apartados dos y seis del artículo primero tendrán efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2022.

Fuente: Boletín Oficial del Estado 12/07/21

Noticias Relacionadas

¿Cómo Podemos Ayudarte?

    Para comunicarte con nosotros necesitas llenar el siguiente formulario

    He leído y acepto la política de privacidad