Precios de Transferencia en Costa Rica, normativa y obligaciones formales exigidos por la Dirección General de Tributación (DGT)

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Desde el 13 de setiembre del 2013, los contribuyentes costarricenses  están obligados a declarar y valorar sus operaciones tanto con partes relacionadas nacionales como extranjeras y  los que se  encuentren clasificados como grandes contribuyentes o grandes empresas territoriales, o que sean personas o entidades que se encuentren bajo el régimen de zona franca,  mediante la Declaración Informativa de precios de transferencia,  según lo establece Decreto N° 37898-H , publicado por la Dirección General de Tributación (DGT). Las normas de Precios de Transferencia son complementadas por la DGT-R-44-2016, modificando el Art. 4 de este reglamento por el DGT-R-28-2017.

En mayo del 2018 entró en vigencia la Resolución DGT-R-25-2018 que regula la implementación de las BEPS y la OCDE. En el 2019 la Resolución DGT-R-49-2019 (derogando la Resolución DGT-R-16-2017) establece la documentación de los Estudios de Precios de Transferencia.

Sujetos obligados

Los contribuyentes costarricenses deberán presentar ante la Dirección General de Tributación la declaración informativa con periodicidad anual. Los contribuyentes obligados son aquellos que realicen operaciones con empresas vinculadas o transfronterizas  y que en forma separada o conjunta superen el monto de  los 10,000 salarios base. (US$ 7.6 MM) o que se encuentren clasificados como grandes contribuyentes nacionales o grandes empresas territoriales o que se encuentren bajo el régimen de zona franca.

Asimismo, La resolución N° DGT-R-001-2018, del 11 de enero de 2018, estableció la obligación de presentar el Reporte País por País, a todas las casas matrices residentes en el país, que sus ingresos globales asciendan a más de 750 millones de euros.

Obligaciones formales

El Artículo 9 del Decreto de Precios de Transferencia en Costa Rica menciona en su párrafo primero que la documentación comprobatoria o estudio técnico de Precios de Transferencia debe estar a disposición de la Administración Tributaria con el fin de validar el cumplimiento del Principio de Plena Competencia. Esta documentación debería estar disponible para el correcto llenado de la Declaración Informativa, la cual se presentaría el último día del mes de junio.

Sanciones por incumplimiento

Las sanciones por incumplimiento ascienden al 2% de Ingresos correspondientes al ejercicio anterior con un rango mínimo de 10 salarios base y hasta un máximo de 100 salarios base. En su equivalencia en dólares americanos sería aproximadamente US$ 7,000 a US$ 70,000.

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