En una decisión histórica emitida el 20 de agosto de 2025, el Tribunal Supremo de Zambia, mediante el caso Zambia Revenue Authority vs Nestlé Zambia Limited (Caso No. 03/2021), estableció doctrina relevante en materias de precios de transferencia, especialmente en la carga de la prueba y la caracterización funcional de empresas intragrupo.
Auge y desarrollo del caso
Nestlé Zambia había presentado pérdidas constantes entre 2010 y 2014. Como respuesta, la Zambia Revenue Authority (ZRA) realizó una auditoría y elevó la base imponible de la empresa a ZMW 56,579,048 (aproximadamente USD 9 millones), generando una obligación tributaria adicional de ZMW 13,860,103 (cerca de USD 2,2 millones).
Nestlé apeló ante el Tribunal de Apelaciones Tributarias sobre seis fundamentos, que incluían cuestionamientos al método empleado, la comparabilidad, la retribución de pérdidas históricas, la caracterización funcional como distribuidor de riesgo limitado (LRD), y el uso de comparables extranjeros. El Tribunal falló a favor de Nestlé en todos, salvo en la categorización funcional como LRD. El recurso llegó al Supremo, que revirtió parcialmente la resolución del Tribunal.
Fallo clave del Tribunal Supremo: carga de la prueba y perfil funcional
El Tribunal Supremo confirmó tres aspectos cruciales:
- Validez de la auditoría de la ZRA: La autoridad, amparada en el artículo 106 de la Ley del Impuesto a la Renta, actúa legítimamente al realizar ajustes de precios de transferencia; tras ello, la carga de probar que la operación cumple el principio de plena competencia recae en el contribuyente. El Tribunal Supremo acogió esto, respaldando el inicio del procedimiento.
- Comparables y metodología: El Tribunal de Apelaciones invalidó el estudio por uso de comparables de países desarrollados. El Supremo revocó esa parte, indicando que rechazar la metodología únicamente por la comparación jurisdiccional excede su competencia. Es obligación del contribuyente probar que la transacción fue arm’s length, y no cabe imponer jurisdicciones locales limitadas.
- Función de Nestlé Zambia como LRD: El Tribunal Supremo coincidió con el Tribunal de Apelaciones en considerar que Nestlé Zambia era un Limited Risk Distributor, ya que funciones estratégicas (marketing, tesorería, know-how) estaban centralizadas en Nestlé Sudáfrica y otros entes vinculados. Se basó en evidencia de controles operacionales y en el contrato de licencia que reservaba propiedad del know-how para Nestlé SA.
Como resultado, el Supremo permitió el recurso de la ZRA, anuló la orden de nueva evaluación y desestimó el recurso de Nestlé, validando la evaluación original.
Contexto normativo y relevancia internacional
El caso se convierte en el primer precedente sustancial en Zambia en precios de transferencia. En ausencia de normativa específica, el Tribunal y la ZRA recurrieron a las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE y al Manual Práctico de la ONU para países en desarrollo.
Zambia ha avanzado sus regulaciones en precios de transferencia desde 2018, con estructuras cercanas a estándares BEPS (reporte maestro, reporte local, reporte país por país), fortalecidas por su adhesión al marco inclusivo de la OCDE/BEPS.
Adicionalmente, el precedente Mopani (2016) demostró la capacidad del fisco zambiano para desafiar precios intragrupo artificiales de grandes grupos mineros, consolidando su firmeza en materia de precios de transferencia. Para más información sobre este caso, puedes consultar el análisis completo aquí.
Conclusión: Implicaciones y recomendaciones
La sentencia del Supremo en Zambia vs Nestlé Zambia establece una directriz firme: los contribuyentes deben demostrar que sus transacciones intragrupo son arm’s length, especialmente cuando se enfrentan a evaluaciones fiscales. La carga de la prueba es clara, y la definición funcional (como LRD) debe sustentarse con documentación robusta y evidencia operativa.
Empresas internacionales con operaciones en Zambia deben:
- Documentar exhaustivamente funciones, riesgos y activos (análisis funcional).
- Justificar selecciones de comparables, incluso internacionales.
- Implementar políticas de precios de transferencia alineadas con criterios BEPS y prácticas OCDE.
- Anticipar riesgos de categorización funcional y preparación para defensa técnica en auditorías.
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Fuente: TPCases