En el panorama fiscal internacional, Canadá ha implementado reformas significativas que afectan tanto a empresas nacionales como extranjeras. Estas medidas buscan alinear el sistema tributario canadiense con las tendencias globales y asegurar una recaudación equitativa en la economía digital.
Impuesto Mínimo Global del 15%
En consonancia con el acuerdo internacional promovido por la OCDE, Canadá ha adoptado un impuesto mínimo global del 15% sobre las ganancias de las multinacionales. Esta iniciativa, vigente desde el 1 de enero de 2024, tiene como objetivo evitar la evasión fiscal y garantizar que las grandes corporaciones contribuyan adecuadamente en las jurisdicciones donde operan. Países como el Reino Unido, Australia y Japón también han implementado este impuesto, reflejando un esfuerzo coordinado a nivel mundial para fortalecer la equidad fiscal.
Impuesto sobre Servicios Digitales (DST)
Además, Canadá ha introducido un Impuesto sobre Servicios Digitales del 3% que grava los ingresos generados por empresas tecnológicas extranjeras provenientes de usuarios canadienses. Esta medida, efectiva desde finales de junio de 2024, se aplica de manera retroactiva al 2022 y busca asegurar que las compañías digitales contribuyan fiscalmente en proporción a su actividad económica en el país. Esta política ha generado debates, especialmente con Estados Unidos, que ha expresado su oposición al considerar que afecta principalmente a sus empresas tecnológicas.
Implicaciones para las empresas
Las empresas que operan en Canadá deben adaptarse a este nuevo entorno fiscal. Es esencial revisar las estructuras corporativas y las estrategias de precios de transferencia para cumplir con las obligaciones tributarias y evitar sanciones. La implementación de estos impuestos refleja la tendencia global hacia una mayor transparencia y equidad en la tributación de las actividades económicas digitales y transnacionales.
En resumen, Canadá ha adoptado medidas fiscales que buscan equilibrar su sistema tributario con las prácticas internacionales, garantizando que las empresas, especialmente las multinacionales y las del sector digital, contribuyan de manera justa al erario público.
Fuente: Osler