La reciente propuesta del Ministerio de Finanzas de Vietnam para modificar las normativas de gestión tributaria sobre las transacciones entre partes relacionadas representa un hito en la política fiscal del sudeste asiático y un reflejo de las tendencias globales. Esta iniciativa no debe interpretarse como un cambio administrativo aislado, sino como una respuesta técnica a los desafíos de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), centrando el debate en tres ejes fundamentales: la rigurosidad en la documentación comprobatoria, la sustancia económica de las funciones desempeñadas y la transparencia en la selección de metodologías de valoración.
El núcleo de la propuesta: transparencia y alineación con la OCDE
Vietnam busca cerrar las brechas que permitían a los grupos multinacionales optimizar su carga fiscal mediante la manipulación de precios intragrupo. El punto de fricción técnica de esta nueva regulación reside en la exigencia de un análisis funcional robusto que identifique con precisión:
- Las funciones económicamente significativas dentro de la cadena de suministro local.
- Los activos tangibles e intangibles utilizados en la generación de renta.
- La asignación real de riesgos entre las entidades vinculadas.
Desde una perspectiva estrictamente técnica, la administración tributaria vietnamita propone que la elección del método de Precios de Transferencia no sea una cuestión discrecional del contribuyente. Al igual que en jurisdicciones europeas y latinoamericanas, se priorizará el método que mejor refleje la realidad económica de la transacción, exigiendo una justificación exhaustiva cuando se opte por métodos basados en márgenes netos (como el TNMM) en lugar de métodos de precios comparables no controlados (CUP).
Sustancia económica: el desafío de las entidades de “bajo riesgo”
Uno de los aportes más críticos de la reforma es el escrutinio sobre la caracterización de las entidades. Vietnam ha observado una tendencia en la que filiales locales se autodefinen como “proveedores de servicios de bajo riesgo” o “maquiladoras” para justificar márgenes de utilidad mínimos.
Sin embargo, las nuevas directrices sugieren que, si la entidad local asume de facto riesgos de mercado, inventario o crédito, o si contribuye al desarrollo de intangibles locales, el margen reportado debe ser proporcional a dicha exposición. Esta recaracterización por parte de la autoridad fiscal constituye uno de los mayores riesgos para los grupos multinacionales, ya que puede derivar en ajustes fiscales significativos basados en la realidad económica por encima de la forma jurídica contractual.
Comparabilidad y carga de la prueba: estándares de defensa técnica
La propuesta vietnamita también eleva el estándar de comparabilidad. En mercados emergentes, la falta de datos financieros locales suele ser un obstáculo. No obstante, la nueva normativa recalca que el análisis de comparables no puede reducirse a una selección mecánica de códigos industriales. El estándar esperado exige coherencia:
- Ajustes de mercado: Reconocer las diferencias en costos operativos y condiciones económicas regionales.
- Consistencia metodológica: Explicar de forma explícita por qué se desestiman ciertos comparables y cómo se ponderan los informes técnicos.
En materia de carga probatoria, la reforma refuerza la idea de que la documentación de precios de transferencia no es un mero cumplimiento formal (compliance), sino un instrumento probatorio determinante. Una documentación insuficiente o inconsistente faculta a la autoridad tributaria para determinar la base imponible mediante métodos presuntivos, trasladando al contribuyente la compleja tarea de desvirtuar dichos ajustes en sede administrativa o judicial.
Implicancias para grupos con operaciones en mercados emergentes
Este movimiento en Vietnam es un recordatorio para los grupos que operan en múltiples jurisdicciones: la fiscalización de precisión ya no es exclusiva de las economías más desarrolladas. Las autoridades fiscales en mercados emergentes están adoptando rápidamente las directrices de la OCDE y herramientas tecnológicas de monitoreo.
La enseñanza práctica es clara: la consistencia entre el análisis funcional, la política contractual intragrupo y los resultados financieros observados debe ser verificable y defendible. Cualquier disonancia entre estos elementos incrementa la probabilidad de auditorías y de dobles imposiciones internacionales.
Coherencia metodológica como estrategia de mitigación
En TPC Group, entendemos que, en el ámbito de los precios de transferencia, la verdadera solidez de una política intragrupo se pone a prueba bajo el escrutinio técnico de una inspección. La correcta selección del método y una estrategia probatoria bien estructurada son factores clave para garantizar la estabilidad fiscal de una organización global.
Contar con una asesoría especializada no es solo cumplir con la normativa local, sino también una medida estratégica de gestión de riesgos. Acompañamos a nuestros clientes en la estructuración y defensa de sus políticas de precios de transferencia, integrando una visión jurídica sólida con un análisis económico de vanguardia para navegar con éxito en el complejo entorno fiscal actual.
Fuente: Vietnam.VN