El 2025 marca un punto de consolidación en la implementación del denominado Segundo Pilar (Pillar Two) del proyecto BEPS de la OCDE, orientado a garantizar una tributación mínima efectiva del 15 % para grupos multinacionales de gran tamaño. En este contexto, Australia ha adoptado una serie de medidas legislativas y administrativas destinadas a operacionalizar las reglas GloBE, incluyendo el Income Inclusion Rule (IIR), el Undertaxed Profits Rule (UTPR) y el Domestic Minimum Tax (DMT).
Dentro de este marco normativo se inscribe el instrumento Taxation Administration (Exemptions from Requirement to Lodge Australian IIR/UTPR Tax Return and Australian DMT Tax Return) Determination 2025, publicado en el Federal Register of Legislation. Si bien este instrumento no regula directamente los precios de transferencia, su contenido tiene implicancias relevantes y estructurales para la gestión, documentación y defensa de las políticas de precios de transferencia de los grupos multinacionales con presencia en Australia.
El presente artículo analiza el alcance de esta determinación, su lógica normativa y su relación funcional con los precios de transferencia en un entorno de fiscalidad mínima global.
Naturaleza y alcance del instrumento normativo australiano
La Determination 2025 es un instrumento administrativo emitido bajo la Taxation Administration Act 1953, cuyo objetivo principal es establecer exenciones específicas a la obligación de presentar declaraciones fiscales australianas relacionadas con el IIR, el UTPR y el DMT. En términos generales, el instrumento identifica ciertas entidades, estructuras y situaciones en las que no resulta necesario presentar:
- la Australian IIR/UTPR Tax Return, y/o
- la Australian DMT Tax Return.
Estas exenciones aplican, entre otros supuestos, a:
- entidades que forman parte de grupos consolidados o Multiple Entry Consolidated (MEC) groups;
- determinadas GloBE joint ventures;
- entidades que no están establecidas en Australia pero pertenecen a un grupo multinacional sujeto a las reglas GloBE;
- entidades “flow-through” o estructuras fiscalmente transparentes;
- entidades de titulización bajo criterios GloBE.
La finalidad del instrumento no es reducir la carga fiscal material, sino evitar duplicidades, reportes innecesarios o inconsistencias administrativas dentro del sistema de imposición mínima global.
Relación estructural entre Pillar Two y precios de transferencia
Aunque el instrumento no menciona expresamente los precios de transferencia, su interacción con ellos es inevitable y profunda. Esto se debe a que el cálculo del Effective Tax Rate (ETR) bajo las reglas GloBE se construye a partir de:
- resultados contables ajustados,
- impuestos cubiertos,
- asignación de ingresos y gastos entre entidades del grupo,
- y segmentación jurisdiccional de resultados.
Todos estos elementos están directamente influenciados por las políticas de precios de transferencia, particularmente en lo relativo a:
- la asignación de márgenes operativos;
- la remuneración de funciones rutinarias y no rutinarias;
- la caracterización de entidades como distribuidores, fabricantes, prestadores de servicios o entidades de financiamiento;
- la determinación de pagos intragrupo por servicios, regalías y operaciones financieras.
En consecuencia, aunque una entidad australiana pueda quedar exenta de presentar una declaración IIR, UTPR o DMT, los resultados que alimentan el cálculo global del impuesto mínimo siguen dependiendo de la correcta aplicación del principio de plena competencia (arm’s length principle).
Exenciones formales no equivalen a menor riesgo sustantivo
Un error recurrente consiste en asumir que las exenciones formales introducidas por esta normativa implican una disminución automática del riesgo fiscal o del nivel de fiscalización. Desde una perspectiva de precios de transferencia, esta interpretación resulta conceptualmente incorrecta y técnicamente insostenible.
La Determination 2025 no modifica la exigencia de que las transacciones intragrupo se encuentren valoradas conforme al principio de plena competencia, ni limita las facultades de la Australian Taxation Office (ATO). La autoridad tributaria conserva plena capacidad para cuestionar la coherencia de los márgenes obtenidos con las funciones y riesgos asumidos, la razonabilidad económica de los esquemas de financiamiento intragrupo y la sustancia de los pagos por servicios o intangibles dentro del grupo.
Este punto adquiere especial relevancia en un entorno de implementación del Pilar Dos. Los ajustes de precios de transferencia ya no generan efectos exclusivamente locales, sino que pueden impactar el effective tax rate jurisdiccional del grupo. Un ajuste en Australia puede alterar los cálculos del impuesto mínimo global y dar lugar a exposición al top-up tax en otras jurisdicciones, ampliando de forma significativa el alcance del riesgo fiscal.
Importancia de la coherencia entre documentación de precios de transferencia y reporting GloBE
La implementación de exenciones administrativas como las previstas en la Determination 2025 refuerza la necesidad de una coherencia absoluta entre:
- la documentación de precios de transferencia (Local File, Master File);
- la información financiera consolidada;
- y los cálculos GloBE realizados a nivel del grupo.
Inconsistencias entre estos elementos pueden activar revisiones cruzadas por parte de la ATO o de otras administraciones fiscales, incluso cuando determinadas entidades estén formalmente exentas de reportar.
En este sentido, las políticas de precios de transferencia dejan de ser un ejercicio puramente local y se convierten en una herramienta central de gestión del riesgo Pillar Two.
Impacto en estructuras de financiamiento y servicios intragrupo
Las exenciones contempladas en el instrumento también tienen relevancia práctica para estructuras complejas, como:
- centros de financiamiento intragrupo;
- servicios corporativos regionales;
- entidades holding con funciones limitadas.
En estos casos, una incorrecta caracterización funcional o una remuneración no alineada con el principio de plena competencia puede distorsionar los resultados jurisdiccionales y comprometer la aplicación adecuada de las exenciones administrativas.
Por ello, las políticas de precios de transferencia deben revisarse no solo desde la óptica del impuesto sobre la renta corporativo, sino también considerando su impacto en los cálculos de impuesto mínimo global.
Un instrumento administrativo con efectos estratégicos
La Taxation Administration (Exemptions…) Determination 2025 no introduce nuevas reglas de precios de transferencia ni modifica el marco sustantivo del arm’s length principle en Australia. Sin embargo, su importancia radica en que forma parte del engranaje operativo del régimen Pillar Two, donde los precios de transferencia son un insumo crítico.
Las exenciones de reporte reducen cargas administrativas, pero elevan la exigencia de consistencia técnica, robustez documental y alineación económica de las transacciones intragrupo. En este nuevo entorno, los precios de transferencia dejan de ser un tema de cumplimiento aislado y pasan a integrarse plenamente en la estrategia fiscal global de los grupos multinacionales.
Para las empresas con presencia en Australia, la correcta comprensión de este instrumento y su interacción con las políticas de precios de transferencia resulta esencial para mitigar riesgos, anticipar auditorías y garantizar una posición fiscal defensable en un contexto de creciente cooperación internacional entre administraciones tributarias.
Asesoría especializada ante un entorno fiscal de mayor complejidad
En un entorno marcado por Pilar Dos y mayor escrutinio fiscal, la correcta gestión de los precios de transferencia resulta clave para mitigar riesgos y evitar impactos en el ETR del grupo. TPC Group, empresa especializada en precios de transferencia, asesora a grupos multinacionales en la evaluación, estructuración y defensa de sus operaciones intragrupo bajo estándares internacionales.
Fuente: GOV.AU