El Perú recibió la invitación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para iniciar el proceso de adhesión a esta institución.
1. ¿Qué significa ingresar a la OCDE?
Como consecuencia de la modificación de la Norma II del Código Tributario (2017), se incluyó la obligatoriedad del cumplimiento de las recomendaciones y estándares internacionales recogidos en los convenios supranacionales suscritos por el Perú, con lo cual la legislación peruana se alineó a las directivas de la OCDE para determinar los parámetros fiscales de un país.
La tendencia que se ha seguido al momento de modificar la normativa fiscal en el país ha sido la de cumplir con los lineamentos de dicha entidad. Es así que, por ejemplo, se han suscrito convenios multilaterales de intercambio de información fiscal y se ha reglamentado la norma antielusiva general.
2. Tarea pendiente por parte del Perú
Aún hay retos pendientes para seguir avanzando hacia los objetivos que exige la OCDE, como la ampliación de la base tributaria y la reducción de la brecha de incumplimiento tributario como consecuencia de la evasión fiscal.
A nivel normativo, existen diversos mecanismos de intercambio de información, que deberían permitir a la Administración Tributaria realizar su labor de cruce de información de manera más eficiente y detectar focos de elusión o evasión fiscal.
También son rescatables ciertas modificaciones tributarias para incentivar la inversión en el país, como la del régimen anticipado de devolución de IGV y la aplicación del crédito indirecto contra el Impuesto a la Renta.
No obstante, el gran déficit de la normativa fiscal está en el hecho de que esta no siempre se encuentra actualizada con las transacciones comerciales derivadas de la economía digital, además de no atender adecuadamente ciertos supuestos de doble imposición que frenan el incremento de actividades empresariales en el país, como consecuencia del limitado número de convenios celebrados por el Perú, lo que atenta contra predictibilidad que se le debe garantizar al inversionista.
También es necesario el establecimiento de estándares, como la implementación de reglas de prestación de informes y debida diligencia en la legislación nacional, así como dotar a la autoridad fiscal de la infraestructura tecnológica necesaria que asegure la confidencialidad de la información financiera de los contribuyentes sin vulnerar derechos protegidos constitucionalmente
Fuente: Fútbol en Vivo 21/02/22
