El Gobierno de Canadá, a través del Presupuesto Federal 2025, ha anunciado una serie de propuestas destinadas a modernizar su régimen de precios de transferencia. Esta reforma representa un paso significativo en el fortalecimiento del marco fiscal canadiense y su alineación con los estándares internacionales establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El objetivo central es asegurar que las operaciones entre partes vinculadas reflejen de manera más fiel las condiciones que habrían acordado entidades independientes en circunstancias comparables, garantizando la integridad del sistema tributario y reduciendo las oportunidades de erosión de la base imponible.
Contexto y justificación de la reforma
El sistema canadiense de precios de transferencia se basa en el principio de plena competencia (arm’s length principle), aplicado a través de la sección 247 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Income Tax Act).
Sin embargo, en los últimos años, tanto la práctica internacional como la evolución de las directrices de la OCDE han llevado a varios países a actualizar sus marcos normativos para reflejar con mayor precisión la realidad económica de las operaciones intercompañía.
El Presupuesto 2025 responde a esa necesidad de actualización, planteando una modernización integral del enfoque canadiense, que busca mejorar la claridad de las reglas, reducir la incertidumbre jurídica y dotar a la Canada Revenue Agency (CRA) de herramientas más efectivas para la fiscalización de precios de transferencia.
Principales propuestas
Entre los cambios más relevantes se encuentran los siguientes:
1. Reforzamiento del principio de plena competencia
Se introduce una nueva regla analítica que exige considerar tanto los términos contractuales como la conducta real y las circunstancias económicas de las partes relacionadas.
Esto significa que las autoridades podrán ajustar los precios de transferencia no solo en función de los contratos, sino también tomando en cuenta la sustancia económica y la verdadera naturaleza comercial de las operaciones.
Este enfoque busca evitar situaciones en las que las estructuras contractuales no reflejan las funciones, activos o riesgos efectivamente asumidos por las entidades del grupo.
2. Identificación de características económicamente relevantes
El proyecto establece una lista de factores que deberán analizarse para determinar si una transacción cumple con el principio de plena competencia, incluyendo:
- Obligaciones contractuales entre las partes.
- Funciones desempeñadas y riesgos asumidos.
- Activos utilizados (tangibles e intangibles).
- Condiciones del mercado y estrategias comerciales.
- Circunstancias económicas que rodean la operación.
Este enfoque sistemático se alinea con las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE (versión 2022), promoviendo una mayor coherencia entre las prácticas internacionales y las reglas domésticas de Canadá.
3. Cambios en los plazos y obligaciones de documentación
Uno de los ajustes más significativos propuestos es la reducción del plazo para la entrega de la documentación de precios de transferencia ante la CRA: de los actuales tres meses a solo 30 días.
Este cambio busca promover una mayor disciplina en la preparación y mantenimiento de los estudios de precios de transferencia, asegurando que la información esté disponible de manera inmediata ante cualquier requerimiento de la autoridad.
Asimismo, el presupuesto propone aumentar el umbral para la imposición de penalidades de CAD 5 millones a CAD 10 millones, y la creación de un régimen simplificado de documentación para contribuyentes de menor riesgo, aunque los detalles sobre los criterios de elegibilidad aún no han sido definidos.
4. Alcance y aplicación temporal
De aprobarse las medidas legislativas, las nuevas reglas aplicarían a los ejercicios fiscales que comiencen el 4 de noviembre de 2025 o posteriormente, otorgando a las empresas un periodo limitado para adaptar sus políticas y sistemas de cumplimiento.
Implicaciones para las empresas multinacionales
Las modificaciones planteadas suponen un impacto directo para las empresas multinacionales (MNEs) que operan en Canadá o mantienen transacciones con entidades vinculadas residentes en el país.
En términos prácticos, las compañías deberán:
- Revisar y actualizar sus políticas de precios de transferencia, asegurando que reflejen la sustancia económica de las operaciones.
- Reevaluar los estudios funcionales y las metodologías empleadas en la determinación de márgenes o rangos comparables.
- Implementar controles internos que permitan preparar y conservar la documentación de respaldo de forma continua, dado el nuevo plazo de respuesta de 30 días.
- Monitorear la evolución normativa y los lineamientos que emita la CRA respecto del régimen simplificado o los criterios de riesgo.
Más allá del cumplimiento formal, la reforma enfatiza la necesidad de que las estructuras intercompañía sean coherentes con la realidad operacional del grupo empresarial.
Alineamiento con tendencias internacionales
El proyecto canadiense se suma a una tendencia global de modernización de los regímenes de precios de transferencia, impulsada por el programa BEPS de la OCDE y el G20. Países como Australia, Reino Unido y Alemania ya han adoptado reformas similares que priorizan el análisis de sustancia económica y la transparencia fiscal.
En este contexto, Canadá busca reforzar su posición dentro del marco internacional, asegurando que su legislación mantenga estándares comparables y contribuya a prevenir la doble imposición y la evasión fiscal mediante operaciones transfronterizas.
Conclusión
La modernización del régimen de precios de transferencia propuesta en el Presupuesto 2025 representa una transformación relevante para el entorno tributario canadiense. El refuerzo del principio de plena competencia, la incorporación de criterios de sustancia económica y la reducción de los plazos de documentación reflejan una tendencia hacia un control más riguroso y eficiente de las operaciones intercompañía.
Para las empresas multinacionales, el reto será anticiparse a los cambios, revisar sus estructuras y políticas internas, y mantener una documentación sólida y actualizada que respalde el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
En definitiva, esta reforma busca equilibrar el objetivo gubernamental de proteger la base imponible con la necesidad de ofrecer mayor claridad y coherencia en la aplicación de las normas de precios de transferencia en Canadá.
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Fuente: McMillan