Como es sabido, el pasado 26 de octubre de 2021, el Congreso Mexicano aprobó diversas reformas en materia fiscal, incluyendo Precios de Transferencia, las cuales a partir del 01 de enero de 2022 entrarán en vigor y supondrán un desafío para las empresas.
Según El Financiero, estas reformas no incorporan nuevos impuestos y no incrementan los ya existentes, pero buscan acrecentar la capacidad regulatoria y de fiscalización de la autoridad fiscal.
Escenario listo
El objetivo de acrecentar la capacidad regulatoria y de fiscalización por parte de la autoridad tributaria, queda claro cuando se observan las modificaciones a diversas disposiciones legales, donde las autoridades presentan nuevos supuestos para la suspensión o cancelación de los certificados para la emisión de CFDI, incluso para aquellos casos en donde se tramitará un nuevo certificado.
Asimismo, se establecen nuevos supuestos de responsabilidad solidaria en el caso de adquisición de negociaciones, con lo que las autoridades fiscales se están allegando de nuevas herramientas para asegurar el pago de impuestos por los contribuyentes o por quienes están vinculados con ellos en la celebración de estas operaciones.
Otro elemento que permite constatar el ánimo de fiscalización de esta reforma se relaciona con la nueva facultad de las autoridades fiscales para considerar como simulación, únicamente para efectos fiscales, las operaciones celebradas entre partes relacionadas
Asimismo, se hace evidente el ánimo recaudador de esta reforma cuando se observa la suspensión de algunas deducciones o la limitación de otras. Por ejemplo, las empresas maquiladoras no podrán documentar el cumplimiento de las obligaciones en materia de precios de transferencia mediante los Acuerdos Anticipados de Precios (APA) y el único mecanismo válido para calcular el ISR será el conocido aviso de safe harbor. En este sentido, podría dejar de ser atractivo el régimen de maquiladora.
Es claro que México ha puesto a prueba la capacidad de las empresas, ya que estas deberán cumplir con todas las nuevas regulaciones en un país que tendrá que luchar por no perder la competitividad.
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Fuente: El Financiero 30/11/21