El 2 de mayo de 2025, McKesson Corporation presentó una demanda de reembolso de impuestos vinculada a una regla de Precios de Transferencia, contra el gobierno de Estados Unidos (McKesson Corp. and Subsidiaries v. United States, No. 3:25-cv-01102, Distrito Norte de Texas), solicitando el reembolso de aproximadamente US$ 10 millones en impuestos, más los intereses que correspondan, derivados de la inclusión de compensación basada en acciones en los costos compartidos entre los ejercicios fiscales cerrados en marzo de 2007 y marzo de 2012. El litigio revive una discusión que muchos creían cerrada tras el caso Altera: si la compensación basada en acciones (stock-based compensation, SBC) debe incluirse obligatoriamente en el fondo común de costos compartidos entre partes relacionadas bajo un Acuerdo de Costos Compartidos (Cost Sharing Arrangement, CSA).
El origen de la disputa: una regla que McKesson considera inválida
El IRS exigió a McKesson incluir montos relacionados con compensación basada en acciones dentro de los fondos de costos compartidos de sus CSA con filiales extranjeras, con fundamento exclusivo en una regulación emitida bajo la Sección 482 del Código de Rentas Internas (la «Regla SBC», contenida en el Tesoro Reg. § 1.482-7). McKesson argumenta que esa regla es inválida por dos vías: primero, porque excede la autoridad delegada al Tesoro bajo la Sección 482; segundo, porque su emisión incumplió los requisitos procedimentales de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). La empresa sostiene, además, que obligar a compartir compensación en acciones entre partes relacionadas es incompatible con el principio de plena competencia, ya que partes independientes no compartirían ese tipo de costo en una negociación real.
Por qué este debate ya tuvo un capítulo previo: el caso Altera
La validez de la Regla SBC ya fue litigada extensamente en el caso Altera Corp. v. Commissioner, donde el Tribunal Fiscal falló inicialmente a favor del contribuyente, decisión que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito revirtió en 2019, respaldando la autoridad del Tesoro para exigir que la compensación en acciones se comparta en los CSA. McKesson plantea ahora argumentos adicionales —incluyendo la invalidez procedimental bajo la APA y el impacto del fallo de la Corte Suprema en Loper Bright Enterprises v. Raimondo (2024), que eliminó la deferencia judicial automática hacia las regulaciones de las agencias federales— para intentar un desenlace distinto al de Altera.
La posición del gobierno y el estado actual del litigio
El 5 de junio de 2026, el gobierno de Estados Unidos presentó su escrito de oposición, argumentando que la regulación se encuentra «bien dentro de los límites» del estatuto, y que la Sección 482 no exige que el IRS se apoye exclusivamente en transacciones comparables no controladas para determinar un resultado de plena competencia — el Tesoro tendría autoridad amplia para definir ese resultado incluso cuando no existen comparables reales en el mercado, precisamente porque partes independientes no comparten compensación en acciones. El gobierno citó en su respaldo tanto el fallo del Noveno Circuito en Altera como una decisión más reciente del Tribunal Fiscal en Facebook, Inc. v. Commissioner (2025), y argumentó que Loper Bright no debilita la regulación, sino que más bien reafirma la capacidad del Congreso para delegar autoridad discrecional a las agencias. Un dato procesal relevante: el gobierno retiró su defensa basada en el plazo de prescripción de seis años, lo que permite que el caso avance directamente sobre el fondo de la controversia regulatoria.
Por qué este caso importa más allá de McKesson
Cualquier grupo multinacional con centros de investigación y desarrollo compartidos entre Estados Unidos y sus filiales —un modelo frecuente entre matrices estadounidenses con centros de desarrollo de software o farmacéutico en América Latina— tiene en este litigio una referencia directa sobre cómo se está discutiendo, en 2026, la obligación de compartir compensación en acciones dentro de sus acuerdos de costos compartidos. Mientras el resultado de Altera sigue siendo el precedente vinculante, McKesson representa el intento más reciente y mejor articulado de revertirlo por una vía distinta, apoyándose en el nuevo entorno post-Loper Bright.
En TPC Group monitoreamos la evolución de este litigio y evaluamos, junto a nuestros clientes con acuerdos de costos compartidos entre matrices estadounidenses y filiales en Latinoamérica, cómo estructurar y documentar adecuadamente el tratamiento de la compensación basada en acciones dentro de sus políticas de precios de transferencia.
Fuentes: