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Estandarización de Precios de Transferencia en la Unión Europea

Introducción a la Estandarización de Precios de Transferencia

Simplificar y armonizar la fiscalidad en el territorio de la Unión Europea, para fomentar la competividaDdired y la eficiencia en el mismo son los objetivos de las propuestas legislativas que forman parte del paquete denominado “Framework for Income Taxation o BEFIT” emitidas por la Comisión Europea el pasado 12 de septiembre del 2023. Este paquete aborda los siguientes temas: (i) Marco para el impuesto sobre la renta, el cual busca discutir la complejidad y los elevados costes a los que se enfrentan las empresas multinacionales en sus operaciones europeas y la (ii) Directiva sobre Precios de Transferencia, la cual propone la introducción de un enfoque común en la UE para la aplicación del principio de plena competencia.

Desafíos Actuales en Precios de Transferencia

Es importante mencionar que, casi todos los Estados al formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se han comprometido a seguir sus principios y recomendaciones; sin embargo, aún con la existencia de un compromiso político, el estatus y el papel de sus Directrices en materia de precios de transferencia difieren actualmente entre los Estados miembros.

Necesidad de Armonización

Por otro lado, al no encontrarse las normas sobre PT armonizadas mediante actos legislativos, esta no llega a ser total, a pesar de que los Estados miembros disponen de una legislación nacional que proporciona un enfoque común de los principios básicos. Entonces, el hecho de que cada Estado miembro disponga de un juicio propio para interpretar y aplicar las Directrices de la OCDE crea “complejidad” y condiciones competitivas desleales para las empresas.

Es por ello que, la Comisión pretende armonizar las normas sobre precios de transferencia de los Estados miembros para garantizar una aplicación común para los problemas que se presentan.

Propuesta de Directiva sobre Precios de Transferencia

El objetivo de esta propuesta es codificar los principios y directrices de la OCDE en las leyes internas de los Estados miembros proporcionando aclaraciones y procesos para asegurar una administración alineada. Con esto se lograría, aumentar la seguridad fiscal para las empresas multinacionales en la UE, minimizando el riesgo de disputas sobre precios de transferencia, doble imposición; así como una reducción de la elusión fiscal mediante el uso de sistemas de «planificación fiscal agresiva«.

Aspectos Clave de la Propuesta de Directiva sobre Precios de Transferencia

Por tanto, la Directiva propuesta es aplicable a todos los contribuyentes registrados o sujetos a impuestos en un Estado miembro, esto con el fin de garantizar que el principio de plena competencia y su interpretación en las Directrices de PT de la OCDE pasen a formar parte de la legislación de todos los Estados miembros dentro de la UE, proporcionando: (i) una definición común de empresa vinculada, (ii) un proceso para aplicar los ajustes correspondientes a las transacciones transfronterizas, (iii) un marco a través del cual los ajustes de fin de año sobre transacciones asociadas dentro de la UE sean reconocidos tanto por el Estado miembro donde se realiza el ajuste al alza como por el Estado miembro donde se realiza el ajuste a la baja (ajustes compensatorios).

En relación al primer punto, este no tendrá un cambio sustancial debido a que se pretende mantener el 25% como porcentaje a partir del cual se considerará como “empresa vinculada” a una persona que este relacionada con otra de alguna manera, para lo cual se entenderá por persona tanto a las personas jurídicas como las físicas. En cuanto a los métodos de valoración a precio de mercado, la Directiva propuesta no sugiere un orden específico de aplicación de uno de los cinco métodos, sino que establece que debe utilizarse el método más apropiado.

Implementación y plazos

De acuerdo con la propuesta, la Directiva de Precios de Transferencia se implementará el 31 de diciembre del 2025, entrando en vigor a partir del 1 de enero del 2026; cabe recalcar que, estos plazos podrían sufrir modificaciones hasta su aprobación y entrada en vigor ya sea por factores políticos y económicos que influyen en la economía de la Unión Europea.

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