La reciente publicación de las directrices del Plan de Control Tributario para el ejercicio 2026 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no solo establece las prioridades de la administración, sino que también consolida un cambio de paradigma en la relación entre el fisco y los contribuyentes. Más allá de un listado de sectores a auditar, el documento perfila tres ejes de control que demandarán una robustez técnica sin precedentes: la fiscalización basada en el procesamiento masivo de datos, el escrutinio de la sustancia económica en estructuras internacionales y la vigilancia estricta sobre la valoración de intangibles y las operaciones financieras intragrupo.
1. La “fiscalización algorítmica”: el fin de la asimetría informativa
Uno de los pilares más disruptivos del Plan 2026 es la integración de modelos predictivos y herramientas de inteligencia artificial para la detección de perfiles de riesgo. La administración ya no parte de una revisión aleatoria, sino de un análisis comparativo automatizado de la información obtenida a través de mecanismos de intercambio automático de información (CRS y CbC Reporting).
Este enfoque sistémico busca identificar discrepancias entre los beneficios declarados por los grupos multinacionales y la distribución de sus activos y personal a nivel global. Para las empresas, esto implica que la coherencia de los datos reportados en diferentes jurisdicciones es ahora el primer filtro de supervivencia ante una inspección. Una disonancia numérica entre el Local File de una subsidiaria y el Informe País por País (Country-by-Country Report – CbC) generará, casi de forma inevitable, una orden de auditoría.
Asimismo, se refuerzan los mecanismos de cooperación administrativa, incluyendo inspecciones conjuntas y controles multilaterales entre administraciones tributarias.
2. Sustancia económica: la prevalencia del fondo sobre la forma
El Plan 2026 pone especial énfasis en combatir las estructuras que carecen de “sustancia económica relevante”. La autoridad fiscal ha señalado que no bastará con la existencia formal de contratos intragrupo o la residencia fiscal en jurisdicciones de tributación favorable.
- Entidades de servicios compartidos y holdings: Se examinará si estas entidades cuentan con los medios materiales y humanos necesarios para la toma de decisiones estratégicas.
- Revalorización de funciones: El foco se desplaza desde el mero cumplimiento formal hacia la identificación de dónde se genera realmente el valor. Si una entidad local reporta márgenes mínimos bajo una caracterización de “bajo riesgo”, pero asume de facto funciones de gestión crítica, la administración procederá a recalificar o recaracterizar la operación y a realizar los ajustes correspondientes en la base imponible.
3. Activos intangibles y operaciones financieras: los nuevos focos de fricción
La valoración de intangibles y la deducibilidad de gastos financieros intragrupo se mantienen como áreas de alta litigiosidad. El Plan de Control 2026 introduce un rigor adicional en el análisis de las operaciones financieras, exigiendo que la entidad prestataria demuestre no solo la necesidad del crédito, sino también su capacidad de endeudamiento desde una perspectiva de mercado (análisis de solvencia o credit rating).
En cuanto a los intangibles, la administración aplicará de forma estricta el enfoque DEMPE (Desarrollo, Mejora, Mantenimiento, Protección y Explotación). El derecho a la remuneración por un intangible ya no sigue exclusivamente a la titularidad jurídica, sino a la ejecución de las funciones mencionadas.
4. La carga de la prueba y el estándar de documentación
Siguiendo la tendencia de tribunales superiores internacionales, el Plan 2026 eleva el estándar exigido a la documentación de Precios de Transferencia . Ya no se considera un mero requisito de cumplimiento (compliance), sino un instrumento probatorio de defensa.
La administración fiscal ha advertido que desestimará aquellos análisis de comparabilidad que se basen en filtros mecánicos o en bases de datos desactualizadas. Se espera un análisis económico detallado que justifique por qué los comparables seleccionados reflejan fielmente las condiciones de plena competencia en el contexto específico del mercado en 2026.
Implicancias estratégicas y gestión de riesgos
La naturaleza del Plan de Control 2026 sugiere que la defensa técnica debe construirse de manera preventiva. La improvisación ante un requerimiento de información puede derivar en ajustes fiscales significativos, intereses de demora y sanciones por falta de sustancia.
La enseñanza para las gerencias financieras y fiscales es clara: la consistencia entre la política contractual, la realidad operativa y el respaldo económico de los precios de transferencia debe ser verificable en tiempo real. Cualquier brecha entre estos elementos será detectada por los nuevos sistemas de control de la autoridad.
Coherencia técnica como eje de estabilidad fiscal
En este entorno de fiscalización de precisión, contar con una empresa especializada en precios de transferencia es una medida de gestión de riesgos clave. En TPC Group, integramos el análisis legal con la solvencia económica para asegurar que las políticas intragrupo de nuestros clientes no solo cumplan con la normativa, sino que también sean técnicamente defendibles ante el escrutinio administrativo más riguroso.
Si su organización opera en un entorno multinacional y busca fortalecer su estrategia de cumplimiento frente a las nuevas directrices del Plan 2026, el momento de actuar es ahora. Una aproximación estructurada y proactiva es la única garantía para mitigar contingencias y preservar la seguridad jurídica de su negocio en el entorno global.
Fuente: Cuatrecasas