En la práctica de precios de transferencia en Latinoamérica, uno de los principales desafíos es la limitada disponibilidad de empresas comparables locales con información financiera pública. Frente a esta realidad, las directrices de la OCDE permiten el uso de comparables de mercados extranjeros, como Estados Unidos o Europa.
No obstante, este enfoque exige un análisis riguroso: las diferencias en las condiciones económicas entre jurisdicciones (incluyendo el riesgo país) pueden afectar significativamente la comparabilidad de las transacciones.
De acuerdo con el Capítulo III de las Directrices de la OCDE, estas diferencias deben evaluarse dentro del análisis de comparabilidad, y los ajustes solo serán apropiados cuando tengan un impacto material en los resultados y puedan cuantificarse de manera razonablemente fiable.
¿Por qué puede ser necesario un ajuste por riesgo país?
El principio de plena competencia (arm’s length) exige que las condiciones de las transacciones entre partes vinculadas reflejen aquellas que se habrían pactado entre partes independientes en circunstancias comparables.
En este contexto, un inversionista que opera en economías emergentes como Perú, Colombia o Chile enfrenta riesgos (políticos, inflacionarios, cambiarios y regulatorios) distintos a los presentes en mercados desarrollados.
Estas diferencias pueden influir en la rentabilidad esperada de las operaciones. Sin embargo, es importante destacar que no todas las diferencias justifican ajustes: la OCDE enfatiza que estos deben aplicarse únicamente cuando mejoren la comparabilidad y puedan sustentarse técnicamente.
En algunos casos, incluso, puede ser preferible identificar comparables más adecuados antes que aplicar ajustes complejos o poco fiables.
Factores económicos relevantes en el análisis de riesgo país
Para que un ajuste de comparabilidad sea aceptado por las autoridades fiscales, debe sustentarse en criterios objetivos y metodologías consistentes. Entre los principales factores se incluyen:
- Condiciones macroeconómicas: estabilidad económica, inflación y crecimiento del país.
- Riesgo político y regulatorio: cambios normativos o incertidumbre institucional.
- Acceso al financiamiento: costo del capital en el mercado local.
- Nivel de desarrollo del mercado: tamaño, competencia y madurez del sector.
- A nivel práctico, estos factores suelen incorporarse mediante herramientas como:
- Diferenciales de tasas (EMBI): para estimar la prima de riesgo soberano.
- Modelos de costo de capital (CAPM): que integran el riesgo país en la tasa de retorno esperada.
No obstante, la aplicación de estas metodologías debe ser consistente, transparente y replicable.
La postura de las administraciones tributarias
Las administraciones tributarias han incrementado significativamente el nivel de sofisticación en sus procesos de fiscalización. En este contexto, es cada vez más frecuente el cuestionamiento de comparables extranjeros que no reflejan adecuadamente las condiciones del mercado local.
Sin embargo, no solo se cuestiona la ausencia de ajustes: también pueden rechazarse aquellos ajustes que carecen de sustento técnico o cuya metodología no es suficientemente fiable o verificable.
Por ello, un análisis robusto debe documentar claramente:
- la existencia de diferencias económicas relevantes,
- la metodología utilizada para cuantificarlas, y
- el impacto específico del ajuste en los resultados.
Un ajuste técnicamente incorrecto puede ser más riesgoso que no realizar ningún ajuste
Conclusión
El uso de comparables internacionales es una práctica aceptada en precios de transferencia. No obstante, su fiabilidad depende de un análisis riguroso de comparabilidad.
La incorporación del riesgo país debe evaluarse caso por caso, asegurando que cualquier ajuste aplicado sea material, técnicamente sólido y razonablemente cuantificable, conforme a las Directrices de la OCDE.
De esta manera, no solo se refleja con mayor precisión la realidad económica de las operaciones, sino que también se fortalece la defensa del análisis frente a eventuales procesos de fiscalización.
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Fuente: OECD CAPITULO 3