Renault España ha desembolsado 297 millones de euros a la Agencia Tributaria española —255 millones de cuota más 42 millones en intereses de demora— para cerrar un litigio fiscal de más de seis años centrado en los Precios de Transferencia entre su filial española y su matriz en París. El caso, aunque cerrado en términos de pago, sigue abierto en el fondo: la compañía ha solicitado dos procedimientos amistosos bilaterales entre España y Francia para intentar recuperar parte de lo desembolsado.
El origen técnico de la disputa
La controversia se centró en los precios a los que Renault España vendía sus productos a su matriz. Según las inspecciones de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero, correspondientes a los ejercicios 2013-2020, esos precios no se ajustaban al valor de mercado, lo que redujo indebidamente la base imponible en España. El caso se dividió en tres bloques de inspección: 2013-2015 (actas en disconformidad por 135,13 millones de euros), 2016 (77,95 millones, con recurso presentado por la empresa) y 2017-2020 (acta en acuerdo por algo más de 84 millones).
Este patrón —una combinación de actas en disconformidad y en acuerdo, según el periodo— ilustra un elemento técnico frecuentemente subestimado: el nivel de sustento de una operación intercompañía puede variar significativamente entre ejercicios fiscales, incluso dentro de una misma relación contractual entre matriz y filial.
Doble tributación y la vía del procedimiento amistoso
Renault no da por cerrado el conflicto. Al haber pagado en España sin que Francia reconozca automáticamente esa misma renta como ya gravada, la compañía enfrenta un riesgo de doble imposición internacional. Por ello, ha activado procedimientos amistosos (Mutual Agreement Procedures) ante las administraciones tributarias de ambos países, mecanismo previsto en los convenios bilaterales para resolver este tipo de controversias sin necesidad de litigio judicial. Este tipo de procedimientos, sin embargo, pueden extenderse durante años antes de una resolución definitiva.
Un patrón que se repite en el sector automotriz
El caso Renault no es aislado. Otras multinacionales del sector automotriz, como Stellantis y Volkswagen, han enfrentado litigios similares por precios de transferencia en distintas jurisdicciones. La creciente atención de la OCDE y la Comisión Europea sobre las operaciones intragrupo sugiere que este tipo de fiscalizaciones seguirá siendo una prioridad, particularmente cuando las filiales operan en jurisdicciones con tipos efectivos más bajos que los de la matriz.
En TPC Group acompañamos a grupos multinacionales con operaciones intercompañía entre matrices y filiales a estructurar y documentar sus políticas de precios de transferencia conforme al principio de plena competencia y las Directrices de la OCDE, ayudándolas a anticipar este tipo de contingencias antes de que se conviertan en litigios de largo plazo como el de Renault.
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