Una nueva filtración con el nombre de Pandora Papers ha vuelto a desatar una tormenta entre la opinión publica al revelar más de 27.000 compañías offshore u opacas y a casi 30.000 de sus beneficiarios. Esta investigación vuelve a poner de manifiesto cómo las multinacionales y los multimillonarios utilizan la ingeniería y guaridas fiscales para evadir y eludir sus obligaciones tributarias. Porque la evasión y la elusión fiscal no son casos aislados o coyunturales: entrañan un fenómeno estructural del capitalismo líquido de nuestro tiempo, íntimamente ligado a la ofensiva neoliberal que desde hace décadas azota nuestras economías. No son manzanas podridas: son ladrones que arrasan con los manzanos comunes, pero se niegan a contribuir a su cultivo colectivo.
Si algo revela los Pandora Papers es la necesidad de actuar decididamente contra ese agujero negro en el que se ha convertido la evasión y elusión fiscal que se alimenta de democracia y equidad. De tal forma, que la lucha contra los evasores, los facilitadores y las guaridas fiscales debería ser hoy un elemento central en el combate contra la desigualdad y por la democracia. Chile vive un extraordinario momento político y una gran oportunidad para que el proceso constituyente pueda blindar derechos, pero también para constitucionalizar una política fiscal equitativa, redistributiva y progresiva que permita sufragar estos derechos.
Desde diferentes países, instituciones y plataformas ciudadanas, se han puesto en práctica medidas concretas para luchar contra la evasión y las guaridas fiscales, que pueden ser un ejemplo que inspire el proceso constituyente chileno para que se convierta en un ejemplo internacional de lucha por la equidad, desterrando la lógica neoliberal de la crisis fiscal de los estados. Medidas que contemplen que ningún representante público pueda tener cuentas en el extranjero o empresas offshore; ninguna empresa contratada por las instituciones y con dinero público que tenga filiales o cuentas en paraísos fiscales; aplicar una normativa contable que obligue a las multinacionales a presentar información económica relevante estructurada por su base de negocio y de actividad real por país, para tributar en cada territorio en base a la presencia de personal, capital físico y beneficios efectivos extraídos en el mismo, evitando el abuso en los precios de transferencia.