La Australian Taxation Office (ATO) ha iniciado una de sus acciones más significativas contra un grupo multinacional con la emisión de una reclamación fiscal de aproximadamente 171 millones de dólares australianos contra IKEA Australia, tras años de auditoría centrada en transfer pricing (precios de transferencia) y prácticas de profit shifting. Esta medida representa un punto de inflexión en la interpretación de transacciones intragrupo en jurisdicciones desarrolladas y pone de relieve la creciente disposición de las administraciones tributarias a cuestionar estructuras financieras que, si bien pueden operar dentro del marco legal, resultan inconsistentes con la sustancia económica y el principio de plena competencia (arm’s length).
Antecedentes del reclamo: ventas crecientes, utilidades contenidas
A pesar de registrar un crecimiento significativo en sus ingresos —con $1,765 millones de AUD de ventas en el ejercicio fiscal 2025— IKEA Australia ha reportado históricamente resultados netos pobres o marginales, incluso después de décadas de operación y expansión. Según la ATO, esta desconexión entre volumen de ventas y resultados tributarios se explica, en gran medida, por pagos intragrupo de franquicias, licencias y regalías a entidades relacionadas en Europa, lo que ha reducido artificialmente la base imponible en Australia y ha desplazado utilidades hacia jurisdicciones con menor carga tributaria.
Entre 2004 y 2014, la empresa transfirió legalmente más de $2 mil millones AUD al exterior bajo estos acuerdos, sin que esos importes fueran gravados en Australia. La ATO está ahora desafiando si estas transacciones reflejan una realidad comercial genuina o fueron diseñadas para transferir beneficios fuera del país.
Transfer pricing en el centro del conflicto
El núcleo de la disputa se encuentra en la forma en que IKEA ha establecido sus transacciones intragrupo, particularmente las relacionadas con el uso de propiedad intelectual y marcas. Los pagos de regalías efectuados a una entidad con sede en Luxemburgo —una jurisdicción históricamente asociada con rulings fiscales favorables— se analizan ahora como posibles mecanismos que han facilitado la erosión de base imponible en Australia.
Desde una perspectiva de precios de transferencia, este tipo de estructuras plantea preguntas fundamentales sobre:
- Si las condiciones pactadas reflejan lo que se habría acordado entre partes independientes (arm’s length).
- La justificación funcional y económica de los pagos de franquicia y regalías intragrupo.
- La relación entre funciones, activos y riesgos realmente asumidos por las entidades involucradas.
Cuando los precios de transferencia no se ajustan a estos criterios, las autoridades fiscales tienen base técnica para realizar ajustes y reasignar ingresos a las jurisdicciones donde realmente se generan. Esta cuestión es central para evaluar si un contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales internacionales y nacionales.
Profit shifting y su vinculación con precios de transferencia
El caso de IKEA remite a un concepto más amplio que el simple cumplimiento documental: el fenómeno conocido como profit shifting. Este término describe la asignación de utilidades a jurisdicciones de baja tributación mediante precios internos de transacciones, regalías o cargas financieras, reduciendo artificialmente la base imponible en países con tributos más elevados.
Aunque la mera optimización fiscal no es ilegal per se, el principio arm’s length exige que los resultados contables y los términos de las transacciones reflejen una realidad económica consistente con el comportamiento de empresas independientes. Slides de precios internos que reducen sistemáticamente la rentabilidad local sin justificación económica diferente al ahorro tributario pueden ser desafiados y ajustados por la administración.
La ATO ha examinado con detalle estas prácticas y, tras años de diálogo y auditoría, ha emitido un “position paper” —un paso formal en el proceso de disputa tributaria— que abarca períodos históricos extendidos, lo que sugiere que el organismo considera que existen elementos suficientes para cuestionar la aplicabilidad de las prácticas de precios de transferencia de IKEA.
Relevancia del caso: ¿por qué importa para precios de transferencia?
El reclamo contra IKEA Australia representa un caso paradigmático de cómo las autoridades fiscales pueden abordar estructuras de precios de transferencia que:
- Desconectan utilidades reportadas de la generación económica real.
- Utilizan pagos intragrupo para mover beneficios a jurisdicciones de baja tributación.
- Requieren un escrutinio riguroso de la documentación de precios de transferencia (análisis funcional, comparables, justificación económica).
Este caso también coincide con un contexto regulatorio más amplio en Australia y otras jurisdicciones, en el que la transparencia corporativa y la lucha contra el desplazamiento de ganancias ocupan un lugar central en la agenda de cumplimiento.
Respuestas de IKEA y su defensa fiscal
IKEA Australia ha reaccionado con firmeza, indicando que no está de acuerdo con la posición de la ATO y que se propone disputar cualquier responsabilidad tributaria que resulte del proceso de auditoría. La empresa afirma que no considera probable que exista un impuesto adeudado respecto de los asuntos bajo revisión, y por ello no ha reconocido una provisión tributaria en sus estados financieros al 31 de agosto de 2025.
Además, IKEA ha subrayado su compromiso con el cumplimiento legal y regulatorio donde opera, y ha señalado que colaboró con la ATO durante el proceso de auditoría. No obstante, la declaración en su reporte corporativo refleja una visión divergente respecto de la interpretación de sus prácticas de precios de transferencia frente a la de la administración australiana.
Este tipo de respuesta es habitual en disputas de precios de transferencia de alto perfil, donde las empresas buscan preservar su posición fiscal mediante procesos formales de objeción y, eventualmente, litigio. La emisión de un position paper claramente indica que la disputa ha avanzado más allá de una simple consulta y se dirige hacia fases más formales del proceso de resolución de controversias fiscales.
Conclusión: implicancias para grupos multinacionales
El caso ATO vs. IKEA Australia constituye un precedente relevante en materia de fiscalización de estructuras intragrupo y un recordatorio claro de que las políticas de precios de transferencia deben estar sustentadas en fundamentos económicos verificables. En particular, resulta indispensable contar con:
- Análisis funcional robusto que documente funciones, activos y riesgos.
- Justificación económica clara de estructuras de pagos intragrupo.
- Evidencia técnica de condiciones arm’s length en cada transacción controlada.
- Alineación consistente entre resultados contables y sustancia económica real.
La creciente atención de las administraciones fiscales a esquemas susceptibles de generar profit shifting evidencia que ya no es suficiente cumplir formalmente con obligaciones documentales. Las autoridades evalúan coherencia económica, consistencia global y racionalidad comercial de las estructuras adoptadas.
En este contexto, una revisión preventiva de las políticas de precios de transferencia y de los acuerdos intragrupo se convierte en una herramienta estratégica de gestión de riesgo. En TPC Group, como empresa especializada en precios de transferencia, asistimos a grupos multinacionales en la evaluación, reestructuración y defensa técnica de sus modelos operativos, fortaleciendo su posición frente a auditorías complejas y controversias fiscales internacionales.
Fuente: channelnews