El 2 de septiembre de 2026, el Tax Court (Tribunal Fiscal de los Estados Unidos) emitió su primera opinión publicada en Airbnb, Inc. & Subsidiaries v. Commissioner (167 T.C. No. 9), uno de los litigios de precios de transferencia más relevantes actualmente en curso en ese país. El IRS sostiene que Airbnb subvaloró los intangibles puestos a disposición de su afiliada extranjera en 2013 y determinó un ajuste a su renta de aproximadamente USD 4.200 millones.
La resolución no decide todavía el fondo de la controversia. Se limita a resolver una cuestión procesal relacionada con las declaraciones de un experto del IRS durante la fase de descubrimiento de pruebas. Aun así, permite observar cómo se construye un caso de valoración de intangibles antes del juicio y qué papel pueden desempeñar los expertos y la información técnica del contribuyente.
¿Qué se discute en el fondo del caso?
La controversia gira en torno a la valoración de los intangibles que Airbnb puso a disposición de Airbnb International en 2013, en el marco de su estructura internacional y de un acuerdo de costos compartidos.
Según Bloomberg Tax, la operación comprendía tecnología, productos e intangibles relacionados con clientes y marketing.
| Concepto | Monto |
| Ajuste a la renta determinado por el IRS | USD 4.200 millones |
| Impuesto omitido determinado | USD 1.330 millones |
| Sanciones | USD 573 millones |
| Total en disputa por impuesto y sanciones | Cerca de USD 2.000 millones |
Airbnb presentó su demanda ante el Tax Court en 2024, bajo el expediente no. 12423-24. La compañía sostiene que el IRS sobrevaloró los intangibles y que proporcionó a la autoridad los análisis económicos utilizados para sustentar la valoración de la operación.
Para el IRS, en cambio, la valoración original habría subestimado el valor de los recursos, capacidades y derechos puestos a disposición de la entidad extranjera y, con ello, la renta gravable correspondiente en Estados Unidos.
¿Qué decidió el Tax Court en 167 T.C. No. 9?
El Tax Court rechazó las mociones presentadas por Airbnb para excluir dos declaraciones de un experto en software utilizadas por el IRS. Sin embargo, la firma internacional sostenía que dichas declaraciones funcionaban, en la práctica, como informes periciales y que, por ello, debían cumplir con los requisitos de la Regla 143(g) del Tax Court.
La corte concluyó que esos requisitos, aplicables a determinados informes y testimonios periciales ante el tribunal, no se extienden a declaraciones presentadas para respaldar mociones relacionadas con el descubrimiento de pruebas antes del juicio.
La controversia procesal se relaciona principalmente con el acceso al código fuente y a otros materiales técnicos de Airbnb mediante un denominado «cuarto limpio» o «clean room». Airbnb proponía que este espacio estuviera ubicado en sus oficinas de San Francisco o en las oficinas de sus abogados, mientras que el IRS planteaba que se encontrara en Austin, Texas, donde trabaja su experto, bajo condiciones de acceso menos restrictivas.
Airbnb también argumentó que algunas de las declaraciones contenían opiniones jurídicas. Si bien el Tax Court no excluyó las declaraciones, precisó que no consideraría aquellas afirmaciones que constituyeran opiniones jurídicas o argumentos propios de las partes al resolver las cuestiones pendientes sobre la orden de protección.
¿Por qué importa una resolución procesal en un litigio de precios de transferencia?
En las controversias sobre intangibles, la evidencia técnica puede adquirir un papel central; de hecho, el interés del IRS en que un experto examine el código fuente de la plataforma demuestra que la discusión va más allá de los modelos financieros de valoración. Para determinar el valor real del activo, resulta necesario analizar la tecnología existente a la fecha de la operación, evaluando sus características, sus funciones y la relevancia económica que representaba para el negocio.
Por otro lado, la decisión judicial aclara que, durante la fase previa al juicio, las partes pueden apoyarse en declaraciones de especialistas sin someterse a todas las formalidades de los informes periciales. No obstante, si posteriormente se presentan expertos durante el juicio, se deberán observar estrictamente las reglas procesales de esa etapa.
¿Qué lecciones deja para grupos con operaciones en Latinoamérica y Estados Unidos?
1. La documentación debe poder sostenerse años después
El IRS está revisando una operación realizada en 2013, más de una década antes de esta primera opinión publicada del Tax Court.
Esto muestra la importancia de que una valoración de intangibles pueda defenderse con la información disponible en la fecha de la operación y de conservar adecuadamente los documentos que respaldaron las decisiones adoptadas.
No basta con conservar el resultado final del estudio. También pueden adquirir relevancia las proyecciones financieras, contratos, análisis económicos, información técnica y otros antecedentes utilizados para determinar el valor.
2. Una valoración de intangibles no depende únicamente del modelo financiero
La valoración económica debe estar acompañada de una comprensión adecuada del activo analizado: qué tecnología existía, quién participó en su desarrollo, qué funciones se realizaban y qué riesgos eran asumidos por las distintas entidades.
Desde una perspectiva internacional, este análisis guarda relación con el enfoque DEMPE (desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación), recogido en el Capítulo VI de las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE.
Esto no significa que el Tax Court haya aplicado el análisis DEMPE en esta resolución. La controversia de fondo aún no ha sido decidida. Sin embargo, para grupos multinacionales, el caso refuerza la relevancia de contar con evidencia económica y operativa que permita explicar cómo se genera valor alrededor de los intangibles.
3. Los resultados posteriores no determinan automáticamente que la valoración original fuera incorrecta
Cuando un intangible genera posteriormente resultados muy distintos de los proyectados, la autoridad tributaria puede revisar con mayor detalle los supuestos utilizados en la valoración inicial. Sin embargo, un rendimiento posterior elevado no demuestra por sí mismo que el intangible haya sido subvalorado.
En el enfoque de la OCDE sobre los intangibles de difícil valoración, determinada información posterior a la operación puede utilizarse como evidencia para analizar si las previsiones utilizadas originalmente eran razonables. Esto debe evaluarse considerando la información que podía conocerse o preverse al momento de realizarse la operación.
Por ello, resulta especialmente importante conservar los antecedentes que expliquen los supuestos utilizados en la valoración original.
4. La protección de información sensible también forma parte de una controversia de intangibles
El caso Airbnb demuestra que una fiscalización o litigio de precios de transferencia puede requerir el acceso a información altamente confidencial, como código fuente, documentación tecnológica y otros activos comerciales sensibles.
El contribuyente debe encontrar un equilibrio entre facilitar la información necesaria para que la autoridad evalúe la operación y proteger adecuadamente sus activos e información confidencial. La controversia sobre el clean room refleja precisamente esa tensión.
Un caso que todavía debe seguirse
La opinión 167 T.C. No. 9 no determina si Airbnb valoró correctamente sus intangibles en 2013 ni confirma el ajuste de aproximadamente USD 4.200 millones efectuado por el IRS.
El fondo del litigio continúa pendiente. Sin embargo, esta primera opinión publicada permite anticipar la relevancia que tendrán la evidencia tecnológica, la documentación económica y el trabajo de los expertos a medida que avance el procedimiento.
El caso se suma a otros litigios relevantes sobre intangibles y precios de transferencia en Estados Unidos, como Amgen y 3M, cuya evolución resulta importante seguir por sus posibles implicancias para la valoración de operaciones intragrupo.
En TPC Group evaluamos, en cada análisis de transferencia o licencia de intangibles entre partes relacionadas, la información técnica y económica disponible a la fecha de la operación, así como las funciones desarrolladas por las entidades involucradas. Esto con el objetivo de sustentar una valoración de plena competencia técnicamente defendible.
Fuentes