El 21 de junio de 2026, el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) hizo algo poco habitual para una administración tributaria: anticipó públicamente, a través del director Jorge Trujillo, qué está buscando antes de fiscalizar. La ocasión fue la publicación de un nuevo set de indicadores de referencia por industria para empresas distribuidoras, dentro de su Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario (PGCT) 2026. Pero el dato que más interesa a un grupo multinacional no es el indicador en sí, sino la filosofía detrás de él: el SII está construyendo, de forma explícita, un modelo de cumplimiento preventivo en el que los Acuerdos Anticipados de Precios (APA) ocupan un lugar central.
Los números detrás del anuncio
Según el propio PGCT 2026, las empresas distribuidoras de bienes terminados concentran el 86% de las transacciones reportadas en materia de Precios de Transferencia en Chile, equivalentes a más de USD 18.000 millones. El primer análisis sectorial del SII cubre ya seis industrias —vehículos y repuestos, tecnología, farmacéutica, alimentos y bebidas no alcohólicas, cuidado personal y bebidas alcohólicas— que representan un 57% de ese universo, unos USD 10.000 millones en operaciones. Sobre una muestra de 281 contribuyentes analizados, el SII identificó a 84 empresas con niveles de riesgo que ameritan monitoreo reforzado, principalmente aquellas con pérdidas financieras y tributarias recurrentes.
El propio director del SII fue explícito sobre el objetivo: que los contribuyentes cuenten con señales tempranas para revisar sus políticas y adoptar medidas preventivas antes de que un hallazgo se convierta en una contingencia o termine en auditoría.
Dónde entran los APA en esta ecuación
El mismo PGCT 2026 reporta que, desde 2019, el SII ha suscrito 23 Acuerdos de Precios de Transferencia, entre unilaterales (APA) y bilaterales (BAPA). No es un número menor para un mecanismo que, en la mayoría de las jurisdicciones de la región, sigue siendo poco utilizado por el desconocimiento de su alcance real o por la percepción de que el proceso de negociación con la autoridad es más costoso que el riesgo de una eventual fiscalización. La lectura que se desprende del plan chileno es la contraria: la administración tributaria está incentivando activamente la vía preventiva porque le resulta más eficiente que litigar caso por caso.
Un APA, en términos simples, es un acuerdo previo entre el contribuyente y la autoridad tributaria (o entre dos autoridades tributarias, en el caso de un BAPA) que fija por adelantado la metodología —y en muchos casos el rango de resultados— que se considerará conforme al principio de plena competencia para un conjunto de transacciones intercompañía, durante un período determinado.
¿Qué significa para un grupo multinacional con operación de distribución en Chile?
La combinación de ambas piezas —indicadores sectoriales públicos más un programa de APA en expansión— cambia el cálculo de riesgo para cualquier distribuidor. Si los márgenes de una filial se ubican sistemáticamente por debajo del rango sectorial que el propio SII ya hizo público, la exposición a una revisión ya no depende de que la autoridad «descubra» la anomalía: el punto de partida del análisis de riesgo ahora es información abierta. En ese contexto, negociar un APA deja de ser una opción reservada a las operaciones más grandes o complejas del grupo, y se vuelve una herramienta de gestión de riesgo razonable también para distribuidores de tamaño medio con resultados sistemáticamente ajustados o con pérdidas recurrentes.
Checklist de recomendaciones
- Comparar los márgenes operativos declarados por la filial de distribución contra los indicadores sectoriales que el SII ya publicó, antes de que lo haga la autoridad en una revisión.
- Si la filial opera en uno de los seis sectores cubiertos y muestra resultados por debajo del rango de referencia, documentar con especial rigor las razones económicas (funciones, activos, riesgos) que explican la desviación.
- Evaluar formalmente la conveniencia de negociar un APA unilateral o bilateral cuando la operación tenga volumen, recurrencia y horizonte suficientes para justificar el proceso de negociación con el SII.
- Revisar la consistencia entre resultados financieros y documentación de precios de transferencia (Reporte Local, Maestro) de forma anual, no solo en la temporada de declaración.
- Monitorear si el SII amplía la cobertura sectorial de sus indicadores más allá de las seis industrias iniciales, dado que el plan ya cubre el 57% del universo de distribuidores y previsiblemente seguirá creciendo.
En TPC Group acompañamos a grupos multinacionales con operaciones de distribución en Chile y en el resto de Latinoamérica a evaluar si un Acuerdo Anticipado de Precios es la vía adecuada para su estructura, y a preparar la documentación técnica necesaria para negociarlo con la autoridad tributaria correspondiente.
Fuentes: